El curso político se estrenó ayer como finalizó el anterior: tenso por el caso Infraestructuras que amenaza con planear hasta el final del mandato con un goteo incesante de noticias judiciales (este jueves, por ejemplo, se supo que el juez que investiga los contratos del 2020 amplía la instrucción hasta el 25 de mayo, tres días antes de las elecciones municipales).
David Dorado, exdelegado de Infraestructuras por Cs, se estrenó como concejal no adscrito, y la Corporación en su conjunto estrenó los nuevos equilibrios aritméticos: 13 concejales de PP y Cs y 16 en la oposición. También se dio la bienvenida al nuevo concejal socialista Joaquín Dobladez. Un pleno, por tanto, muy completo, que volvió a sorprender en las casi dos horas de ruegos y preguntas (convertidos en un debate sobre el transfuguismo de Dorado y de Gómez Calero) y en el que finalmente el alcalde no habló sobre la gestión de su junta de gobierno porque terminó retirando esa comparecencia del orden del día.
Por recordar lo básico, el caso Infraestructuras es una doble causa judicial que busca esclarecer si en la Delegación de Infraestructuras se han amañado y fraccionado contratos y si hubo empresas favorecidas en un área municipal que maneja mucho dinero en obras. Hay imputados dos técnicos y la excoordinadora del área.
La comparecencia del alcalde sobre el caso Infraestructuras la había solicitado el PSOE, antes de que Dorado pusiera el the end al verano con el sainete de su salida voluntaria/expulsión forzosa del grupo de Cs. Dorado hizo ayer uso de su recién estrenada libertad de voto y compareció ante los medios para reivindicar de nuevo su relato de los hechos y verter acusaciones contra el alcalde --que dice que le ha «decepcionado»-- y algunos altos funcionarios.
El alcalde Bellido, por su parte, defendió su honestidad y las medidas adoptadas para mejorar la fiscalización de los contratos; subrayó que el caso afecta solo a técnicos y pidió a la oposición que deje de hablar de corrupción y de acusar «sin pruebas». «¡Ya está bien!», exclamó. La oposición, por contra, acusó a Bellido de ponerse de perfil, de haber actuado a rebufo de los tribunales y trató de extender la mancha de corrupción hacia la esfera de la política.
Como proponente de la comparecencia, el portavoz socialista, José Antonio Romero, recordó al alcalde que tanto la asesoría jurídica, como la intervención, como el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local le advirtieron del fraccionamiento de contratos sin que él actuase y lamentó la situación de «colapso» en la que ha quedado la Delegación de Infraestructuras tras el ciclón. «Pida perdón, dé explicaciones y cuente la verdad», le exigió.
Intervención del alcalde
Bellido negó la mayor y, aunque reconoció que los sistemas de control no han funcionado, entiende que el abuso de los menores es una práctica que viene de mandatos anteriores y que no afecta a toda la Delegación de Infraestructuras, sino solo a algunos servicios. Asimismo, Bellido repasó los hechos acaecidos desde que IU y Podemos elevaran su denuncia a la Fiscalía para concluir asegurando que no tiene nada que ocultar. «Si tuviera mochila no podría haber actuado con la firmeza que hemos actuado: nos ha costado un concejal».
Por otro lado, Bellido propuso la creación de una agencia de ordenación urbana que bajo la Delegación de Urbanismo coordine todas las obras y actuaciones que se hagan. «Tenemos que responder ante los ciudadanos y estamos aportando soluciones para que no se repita», concluyó. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs) pidió respeto a los procesos judiciales.
Dorado, por su parte, en un tono menos bronco que en ocasiones anteriores, se mostró de nuevo como el impulsor de todas las investigaciones que se han abierto en el Ayuntamiento por esta causa (aunque la primera, como se ha dicho, la inició IU contra su delegación), y volvió a cargar contra los técnicos que a su juicio dificultaron su labor. En su intervención también preguntó si el Consistorio se personará en la segunda pieza que abrió su propia denuncia [lo hará, dijo el alcalde].
Tras la declaración de Bellido, Romero (PSOE) acusó al regidor de ponerse de perfil y aunque, dijo, esta trama «tiene su origen en 2012, usted y su equipo de gobierno han seguido haciendo practicas similares de fraccionamiento». La crítica de Vox se centró en el supuesto abuso de los contratos menores en este mandato: solo en 2021, dijo Paula Badanelli, se firmaron contratos menores por valor de 5 millones. «Parece que todo le resbale --dijo al alcalde-- pero es el máximo responsable. Lo único que le pedimos es que tome medidas contundentes para que nadie meta la mano en la caja», añadió la portavoz, que posteriormente acusó al secretario del pleno de hacer «informes a medida» del gobierno.
El portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, sostuvo que el alcalde «no ha contado la verdad» y que pese a tener conocimiento de lo que ocurría «estuvo un año y medio sin hacer absolutamente nada». Asimismo, dijo que no fue «contundente» con Dorado, pese a acusarlo directamente porque lo mantuvo de coportavoz 8 meses y que Bellido ha actuado como «cómplice» de todo lo ocurrido (en el turno de ruegos matizó sus palabras diciendo que habían sido fruto del acaloramiento del debate). Por su parte, Cristina Pedrajas, portavoz de Podemos, cree que es «una burla» que PP y Cs firmaran un acuerdo donde se comprometían a luchar contra la corrupción y aseguró que respecto al caso Infraestructuras «se puede hablar con propiedad de trama» y sin «supuestamente».
La intervención más apasionada fue la de Salvador Fuentes (PP) quien dijo a la oposición y «en especial» a Pedro García que no pueden dar ninguna «clase sobre honestidad». La tesis que sostuvo fue que abusos con los contratos menores se han producido en todos los mandatos, pero que nunca se ha elevado a categoría de «trama de corrupción política» aprovechando que hay una causa judicial abierta. En este tenor, el edil del PP recordó que 25 de los contratos que analizan los juzgados en la segunda causa del caso Infraestructuras son de la anterior delegada, pero que «jamás planteamos que había una trama de corrupción de PSOE e IU cuando todos sabíamos por los informes que hubo irregularidades y advertencias por los contratos menores». A cuenta de esto, Pedro García se encaró con Fuentes.
David Dorado en el pleno: «¿Soy yo un tránsfuga?»
David Dorado aprovechó todas sus intervenciones para defender su relato de los hechos y verter acusaciones contra el alcalde por supuestamente haber querido frenar su investigación. El momento de mayor paroxismo llegó en el turno de ruegos y preguntas donde el concejal no adscrito lanzó esta cuestión al aire: «¿Soy yo un trásfuga?». Luego matizó que quería que se la contestase el secretario, a lo que el alcalde respondió que las preguntas son para controlar al gobierno y que le pidiera al secretario un informe por escrito. El asunto derivó prácticamente en un debate sobre la figura del «tránsfuga», titulo que la oposición aprovechó para colocar a María Luisa Gómez, que de paso explicó que está expulsada de Cs pero que está en el grupo como «independiente».
