Kiosco

Diario Córdoba

JUZGADOS

La Fiscalía archiva la denuncia por obstrucción en el caso Infraestructuras

El secretario general del Pleno denunció al titular de la asesoría jurídica, a la interventora y al titular del órgano de apoyo de la junta de gobierno local por "conducta obstructiva e intimidatoria" al entender que no le facilitaban la información para poder investigar en vía administrativa

La interventora, el alcalde José María Bellido y el secretario del Pleno, en una imagen de archivo. MANUEL MURILLO

El Ministerio Fiscal ha archivado la denuncia que interpuso el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, contra tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba por presuntamente obstruir su labor investigadora en la segunda pieza del llamado caso Infraestructuras, que investiga el posible amaño de contratos en esta delegación municipal.

El secretario del Pleno denunció en mayo al titular de la asesoría jurídica, a la interventora y al titular del órgano de apoyo de la junta de gobierno del Consistorio cordobés ante el fiscal por «una conducta obstructiva e intimidatoria» contra él por no facilitarle, según hizo constar, la información que les requirió hasta en dos ocasiones. En concreto, esa información incluía «todos los informes, comunicaciones u observaciones que hubieran dirigido a cualquier departamento desde 2016 relacionada con la normativa vigente en materia de fraccionamiento de contratos».  

Lavela, cabe recordar, instruía desde noviembre del 2021 una información reservada sobre contratos de la delegación bajo sospecha que había sido ordenada precisamente por David Dorado, exdelegado de Infraestructuras y exconcejal de Ciudadanos, siendo alcalde-accidental. Aquella investigación se remontaba a mandatos anteriores al actual, frente a la primera pieza del caso, en vía judicial, que se circunscribe a licitaciones de 2020. La que instruyó Lavela, y que también está en manos de los jueces, se remontaba a la época de Nieto. En julio, la Fiscalía también vio indicios de delito en estos contratos y formuló denuncia remitiéndola al juzgado al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de presunto tráfico de influencias y prevaricación.

En su momento, la asesoría jurídica respondió al secretario negándole la información que solicitaba y recordándole que la materia que investigaba en vía administrativa, ya estaba siendo estudiada por los jueces por lo que entendía que no era preciso remitirle documentación alguna al respecto. El fiscal, ahora, viene a darle la razón.

En los increíbles últimos días de agosto, David Dorado también utilizó esta denuncia de obstrucción para extender las sospechas de corrupción al alcalde. La maniobra fue parada en seco por el gobierno municipal y a instancia del delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, el secretario Lavela firmó un escrito garantizando que sus acusaciones solo hacían referencia a funcionarios y no al alcalde.

Comparecencias en el pleno de hoy

El incesante goteo de novedades del llamado caso Infraestructuras continúa el día en el que el alcalde, José María Bellido, comparece en el pleno para hablar de este asunto a petición del PSOE. La oposición trata de extender la sombra de la duda de la corrupción sobre el regidor, aunque de momento los tribunales solo han imputado a dos técnicos de Infraestructuras y a la que fue coordinadora general del área (un cargo de confianza de David Dorado). 

La tormenta política originada por este caso ha terminado, además, con la salida del hasta entonces concejal de Cs del gobierno municipal y su conversión como concejal no adscrito. Hoy también será su estreno en el pleno con su nueva condición. 

Además, la sesión plenaria se celebra tras varios días en los que el PSOE ha insistido en la ilegalidad de que el alcalde haya solicitado comparecer también hoy para hablar de la gestión de la junta de gobierno local. Los socialistas consideran esta solicitud una maniobra para «tapar» la comparecencia sobre el caso Infraestructuras y han pedido, junto a IU y Podemos, la retirada del punto a través de un escrito. El gobierno local, por su parte, esgrime un informe del secretario del pleno en el que se asegura que la solicitud de esta segunda comparecencia es legal.

Compartir el artículo

stats