El alcalde de Córdoba, José María Bellido, retiró ayer todas las competencias de gobierno al concejal de Ciudadanos David Dorado, que estaba al frente de las delegaciones de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como la tenencia de gobierno que ostentaba y la presidencia de Sadeco. La decisión de dejarlo como soldado raso se produjo en la tensa reunión de la junta de gobierno local, celebrada a primera hora de la mañana, donde estaba previsto el cese de la coordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, señalada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Infraestructuras, que investiga posibles delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos menores licitados en este área en 2020. El proceso surgió a raíz de una denuncia de IU y Podemos, a la que después se sumó un duro informe del letrado jefe del Ayuntamiento sobre estos contratos encargado por el propio gobierno local.

David Dorado fue el único miembro de la junta de gobierno local que votó ayer en contra del cese de la coordinadora, un cargo de confianza que él mismo había nombrado, blandiendo un informe del secretario del pleno que defiende la presunción de inocencia de cualquier empleado o directivo mientras se instruye una causa. Fuentes municipales indican a CÓRDOBA que la actitud de Dorado provocó la reacción inmediata del alcalde al considerar «una deslealtad» la postura del hasta ayer delegado de Infraestructuras, que pese a todo mantendrá su acta de concejal, ya que --como recuerdan las mismas fuentes-- el edil no está señalado en esta causa abierta por el juzgado y no está siendo investigado.

La primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, y el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, fueron los encargados ayer de anunciar que habrá nueva crisis de gobierno en los próximos días para el reparto de las competencias que hasta ahora desempeñaba Dorado. No quedó totalmente claro si el edil de Cs tendrá o no nuevas responsabilidades (solo se dijo que en ningún caso serían las competencias de Infraestructuras), aunque él lo daba por hecho en un audio remitido tras su cese a los medios de comunicación: «Reitero mi compromiso con Córdoba y mi entrega absoluta a esta ciudad, y hacia las nuevas responsabilidades que se me encomienden en los próximos días», dijo.

El concejal de Cs David Dorado, junto a su coche, tras dejar la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. A.J. GONZÁLEZ

En dicho audio, Dorado dice sentirse respaldado por PP y CS y pedía disculpas a los funcionarios de asesoría jurídica, intervención y contratación a los que acusó la semana pasada de no haber fiscalizado con suficiente celo los contratos que están siendo investigados por el titular del juzgado número 4 de Córdoba. «En ningún caso, he tenido intención de poner en tela de juicio su trabajo, profesionalidad y su honradez. Muy al contrario, no me cabe duda de ellos y lamento que mis palabras hayan podido ser objeto de malestar entre ellos», concluía el edil, consciente de la indignación despertada por sus palabras entre los habilitados nacionales, algunos de los cuales estudian incluso adoptar medidas judiciales contra Dorado por dichas declaraciones.

El caso Infraestructuras arrastra de este modo al alcalde popular a la que será ya su cuarta reestructuración de gobierno en los 28 meses que lleva de mandato. Las tres crisis anteriores vinieron de la mano de otras tantas salidas por diversos motivos de Juan Miguel Moreno Calderón (por el que entró Lourdes Morales) y Laura Ruiz (sustituida por Cintia Bustos), del PP, y de Eva Timoteo, de Cs, a la que remplazó María Luisa Gómez, una concejala que concurrió a las municipales con Cs, pero que actúa a todos los efectos como si fuera del PP. En todas estas reestructuraciones, los populares han ido ampliando margen de acción en el seno del gobierno local y sería muy posible que alguna de las áreas que deja Dorado fuera ahora asumida por el partido mayoritario.

No será fácil decidir a quién se le asignan las competencias en Infraestructuras, una delegación con el ambiente enrarecido (también está bajo sospecha judicial un técnico, mientras que hay otro apuntado por la auditoría de contratos del 2016, que encargó Dorado y ahora investiga el secretario Valeriano Lavela), o la presidencia de Sadeco, una de las joyas de las empresas municipales. También será difícil sobrecargar aún más a algunos concejales, como la propia Isabel Albás, que tiene ya cinco delegaciones, o darle las competencias a otros ediles como Manuel Torrejimeno, con una comisión de investigación aún pendiente de conclusiones.