La junta de gobierno local ha retirado todas las competencias de gobierno al concejal de Ciudadanos David Dorado, así como la tenencia de gobierno que ostentaba. Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones que integran el gobierno local, han tomado esta decisión hoy y de manera “conjunta “ después de que la Fiscalía Anticorrupción viera indicios de delitos de prevaricación y falsedad documental en la ejecución de contratos menores en el año 2020 en la Delegación de Infraestructuras. Al edil David Dorado —que mantiene su acta de concejal — se le han retirado todas sus competencias, no solo las de Infraestructuras, sino las que tenía también en las delegaciones de Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como la presidencia de la empresa municipal de limpieza, Sadeco. En declaraciones posteriores, David Dorado ha dicho que pese al cese sigue sintiendo la confianza del gobierno local y ha reiterado su compromiso con la ciudad.
La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, han sido los encargados de anunciar la decisión esta mañana, tras la junta de gobierno, y han avanzado que habrá una reestructuración del equipo de gobierno en los próximos días —“horas” incluso— para el reparto de las competencias que hasta ahora desempeñaba Dorado y para darle a este nuevas responsabilidades. “Entendemos que es el momento de reestructurar esas competencias”, ha dicho Torrico. Albás, por su parte, ha explicado que la junta de gobierno local ha tomado esta decisión “en aras de la transparencia” y al estar puesto el foco judicial en la Delegación de Infraestructuras.
Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado como estaba previsto el cese anunciado de la coordinadora general de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, María Luisa Bueno, directamente señalada por la Fiscalía al igual que un técnico de la delegación por las presuntas irregularidades en los contratos de esta delegación.
Crisis de gobierno
La decisión de la junta de gobierno deja pendiente una nueva reestructuración del gobierno local para proceder al reparto de las competencias desempeñadas hasta ahora por David Dorado. Esas responsabilidades podrán recaer, según ha explicado los portavoces municipales, indistintamente en concejales del Partido Popular y de Ciudadanos, aunque las áreas solo estuvieran ocupadas hasta ahora por la formación naranja. Tampoco han negado que el propio Dorado pueda recibir alguna competencia nueva, pero han dicho que en ningún caso será la Delegación de Infraestructuras.
Reacciones de la oposición
La oposición no ha tardado en reaccionar a la decisión del gobierno local. A la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, no le convence “en absoluto” la propuesta y considera “indignante” que se le vayan a adjudicar otras competencias. Para los socialistas, el alcalde “se ha convertido en prisionero de Cs, un grupo en el que todos sus concejales están bajo sospecha” y lo acusan de poner “por encima de los intereses de la ciudad” los del concejal Dorado. “Al señor Bellido le faltan contundencia y valentía política para romper un acuerdo que lo están lastrando a él y a su gobierno”, ha concluido Ambrosio.
El portavoz de IU, Pedro García, considera que haber cesado al concejal de sus competencias es un modo de “asumir que tiene responsabilidades políticas” en los presuntos casos de corrupción. “Lo que no entendemos es que siga formando parte del equipo de gobierno y parece que incluso se le van a dar otras competencias”, ha añadido. En esta línea, García ha vuelto a preguntar por qué el alcalde mantiene a Dorado y por qué le da competencias. “¿Qué sabe el señor Dorado del PP para que el PP no actúe de manera contundente y se mantenga a Dorado en el equipo de gobierno cobrando un salario público?”, ha preguntado.
Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, considera que la decisión llegan “tarde y mal”. “El alcalde se esconde y no da la cara en algo que afecta de lleno a su gobierno”, ha lamentado. La edil de Vox ha exigido a los responsables municipales que se muestren como un gobierno “serio” y dejen de “defraudar a todos”. En esta línea, Badanelli reclama explicaciones al alcalde y pide que “salga a dar la cara” si no quiere pasar a la historia como “el gobierno de los miles de contratos menores descontrolados”. La portavoz de Vox ha añadido que no van a permitir “que se tape nada” y ha dicho que van “a levantar alfombras y tirar de la manta”.
Por último, Cristina Pedrajas (Podemos) ha recordado que el cese se produce más de 6 meses después de que los grupos municipales de IU y Podemos presentaran su denuncia en los juzgados. “Son hechos muy graves y el alcalde ha permitido que durante seis meses tanto la coordinadora como el delegado, el señor Dorado, hayan estado ejerciendo sus mismas funciones”, ha dicho. La edil morada ha dicho que la decisión de quitarle unas competencias para ponerles otras no le satisface ya que “En aras de la transparencia y de que prevalezca la legalidad, habría que poner a una persona que tenga una intachable reputación profesional”, unas características que a su juicio no reúne David Dorado.
Historia del caso Infraestructuras
La situación a la que hoy se llega se origina a principios del 2021, cuando la concejala de Izquierda Unida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras, sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.
Este segundo informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y ha sido fundamental para sus conclusiones de la semana pasada y en las que Anticorrupción concluye que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ha ordenado al juez decano la continuidad de la causa y apunta a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pueda afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras, un puesto de libre designación nombrado por el propio David Dorado.
Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, cuando la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs entiende que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demuestra su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpreta que es tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. IU y Podemos han pedido de nuevo el cese del delegado, mientras que Vox quiere que se retiren las competencias.
