La Junta de Andalucía insiste en su criterio y quiere obligar al Ayuntamiento de Córdoba a reservar plazas de discapacidad en Policía Local y Bomberos. El letrado de la administración andaluza personado en esta causa, que se atiende en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba, ha insistido en sus alegaciones y pide al juez que no atienda los argumentos municipales que pedían el fin del proceso al entender que su rectificación --ya ampliaron la reserva de plazas para la discapacidad-- atendía lo solicitado por la Junta de Andalucía. En sus argumentos indica el letrado que la reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento «vulnera claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público». 

Esa tesis se sostiene a pesar de que el pasado 15 de marzo, el equipo de gobierno rectificó y reservó un 10% del cupo de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 para discapacitados, pasando de las cuatro plazas iniciales hasta las 17 para un total de 168 empleos. Según explicó entonces el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el Consistorio consideró en su día que "el 10% de plazas para personas discapacitadas no era aplicable en la Policía Local", algo que no fue admitido por la Junta de Andalucía, que exigió que este criterio se aplicara de forma uniforme a todas las convocatorias. El gobierno local rectificó para no dilatar el proceso que, como en su día informó la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, afecta directamente a la OPE, suspendida desde entonces por el juzgado.

Tanto el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), como los responsables sindicales lamentan que esta situación retrase la salida de la oferta de empleo tan necesaria en sendos cuerpos, que están bajo mínimos de personal desde hace años. Jordano entiende que lo que pide el letrado de la Junta es «un disparate» y recuerda que ningún otro ayuntamiento está aplicando la reserva de esas plazas en ese sentido. El concejal Jordano, que también tiene responsabilidades en la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, recordó ya hace unas semanas que la legislación en reserva de contratos para la discapacidad es reciente y que los criterios no están consolidados, por lo que es normal que existan discrepancias entre las administraciones. En todo caso, después de que el Ayuntamiento se haya allanado al criterio de la Junta, el concejal se plantea "si lo que quiere el letrado de la Junta es que prevarique: o desiste porque ya nos hemos allanado, o será el juez quien diga cómo hacerlo".

Te puede interesar:

Miguel Martínez, del sindicato de Policía Local (Siplb), también lamenta el retraso y recuerda que hay una orden de la Junta que desarrolla la ley de coordinación de las policías locales de Andalucía que establece las fórmulas de acceso a las plazas. Concretamente, en el acceso a la escala básica se incluyen exclusiones médicas para desempeñar el trabajo «y es una contradicción que te excluyan por ejemplo por tener determinadas dioptrías, pero que ahora pudiera concurrir a los exámenes una persona a pesar de ser ciega». 

Desde el SAB también se han mostrado “atónitos” con la postura adoptada por la Junta de Andalucía, ya que “el nivel de exigencia para el acceso a los cuerpos es totalmente irracional, fuera de toda comprensión”. “Los requisitos para ser bombero una vez pasado un proceso selectivo con pruebas de elevado nivel físico, teórico y médico te dan la capacitación funcional para realizar las tareas requeridas por el cuerpo de bomberos, acredita la tolerancia al trabajo en situaciones de alta complejidad, especialmente en espacios confinados, incendios con temperaturas extremas y trabajos en altura.No se permite que el aspirante esté afectado por un extenso cuadro de patologías reflejadas en las bases de acceso siendo éstas excluyentes”, dicen. “No estamos en contra de que se guarden esas plazas siempre y cuando las personas con discapacidad estén aptas y con capacidad funcional requerida para el puesto solicitado”, concluyen desde el SAB.