Abogados y procuradores convocan una manifestación este jueves para exigir "pensiones dignas"
Los letrados mutualistas se movilizan a nivel nacional para pedir una pasarela al régimen público de cotización y en Córdoba también están convocados estos profesionales
Ana I. Montañez
Los abogados y procuradores mutualistas de Málaga, como los de Córdoba, siguen en la lucha para exigir "pensiones dignas" después de que el sistema de cotización privado que prácticamente se vieron obligados a aceptar les deje unas prestaciones "mínimas", entre 200 y 400 euros.
Los letrados afectados, organizados en torno a la iniciativa Movimiento#J2, han convocado una manifestación este jueves 28 de septiembre que partirá a las 13.30 horas desde el Colegio de Abogados de Málaga, en el Paseo de la Farola, iniciando un recorrido que incluye el Paseo del Parque y la Alameda Principal hasta desembocar en el Puente de Tetuán.
La marcha, que cuenta con la autorización de la Subdelegación de Málaga, se replicará a nivel nacional el mismo día y a la misma hora. Por ejemplo, hay marchas convocadas ya en Barcelona, Granada, Almería, Córdoba (13.15 horas, salida desde INSS), Ponferrada, Santiago de Compostela, Murcia o Bilbao.
Como ya informó este periódico, en Málaga hay más de un millar de abogados y entre 200 y 300 procuradores afectados por la mutua, que alzaron la voz este verano para pedir a las administraciones una solución, en especial, una "pasarela" que les permita pasar del régimen privado de cotización, Mutualidad de la Abogacía y Alter Mutua, al público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), eso sí, sin perder los años cotizados.
Los letrados denuncian que se encuentran "atrapados" en el sistema de cotización privado que les dejará pensiones mínimas y piden al Estado que medie.
El pasado julio los letrados ya se movilizaron convocando una concentración frente a la Ciudad de la Justicia. Además, el Parlamento andaluz ha aprobado de forma unánime una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo Por Andalucía para que el Gobierno permita un trasbase "temporal" y "voluntario" de las cantidades cotizadas en la mutua hacia el régimen público.
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