La Junta estudia recurrir al TC la nueva ley de universidades

La Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados, además de iniciar «de forma inmediata» los trámites de la nueva ley andaluza. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta anunció en una nota de prensa que tiene «serias dudas» sobre la constitucionalidad en algunas de las cuestiones que contempla el texto, por lo que encargará un análisis a los servicios jurídicos para discernir si vulnera sus derechos fundamentales y competencias.

Según indicó la consejería, la Ley introdujo, a través de una enmienda de ERC, la posibilidad de que las universidades se pronuncien sobre cuestiones políticas, algo que una reciente sentencia del Tribunal Supremo estimó ilegal. El TS señalaba la imposibilidad de que la Universidad se pronuncie y «se refiera a cuestiones de naturaleza política o ideológica propias del debate social y político ajenas al objeto y funciones de la Institución académica, y que dividen a la ciudadanía».

Por otro lado, la Losu establece un aumento de la financiación universitaria sin prever más medios económicos para las comunidades autónomas, denunció la Junta. El objetivo de la administración autonómica es que la futura Ley Andaluza de Universidades, que debe adaptarse a la próxima Ley Orgánica estatal, «ofrezca soluciones, en el ámbito de sus competencias, a las necesidades normativas y estratégicas que demandan las universidades andaluzas y a las que la Losu ha obviado».

La Junta creará así nuevas figuras docentes e investigadoras que eviten «la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a provocar la Losu» y contemplará reformas para la estabilización del personal, su promoción, la apuesta por la internacionalización, la rendición de cuentas y la mejora de los Consejos Sociales, entre otras cuestiones. La Consejería insistió en pedir al Ministerio, como hizo en una carta hace unas semanas, que dote a las comunidades de «los medios económicos necesarios para hacer frente al aumento de financiación que esta ley estatal conlleva», como sucede con la necesidad de contratar más profesorado al descender el número de horas de clase en algunos tipos de contratos como el de ayudantes doctores. Además, reclama que el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario se acuerde y negocie con las universidades, algo que «no se ha hecho hasta ahora», y ha anunciado que comenzará el proceso para elaborar la futura ley andaluza «en diálogo permanente con la comunidad universitaria y todos los implicados», con la intención de tener un texto negociado a lo largo del próximo verano.