Reportaje

Una oficina que llega con 87 años de retraso

Los familiares y las asociaciones memorialistas urgen a la puesta en marcha de este espacio que debería haber acompañado desde el inicio el proceso de exhumación en las fosas comunes de Córdoba

Daniel Quiroga, responsable de las exhumaciones en el cementerio de La Salud.

Daniel Quiroga, responsable de las exhumaciones en el cementerio de La Salud. / Víctor Castro

Irina Marzo

Irina Marzo

Los arqueólogos y antropólogos que llevan a cabo las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael, que comenzaron en otoño, prosiguen su trabajo con el reto de identificar a algunas de las 4.000 personas que se cree fueron represaliadas y enterradas en Córdoba durante el golpe militar de hace 87 años y los primeros años del franquismo. «Sabemos que hay 4.000 personas con nombres y apellidos y apenas quedan ya 300 o 400 familiares que puedan dar muestras de ADN; los números no nos van a permitir identificar demasiado, pero al menos les daremos visibilidad y memoria tras años de ocultamiento». Consciente del tiempo transcurrido desde el golpe militar y de las dificultades de encontrar familiares vivos que permitan identificar los restos óseos, Daniel Quiroga, responsable de la empresa Themis que lleva a cabo las exhumaciones en La Salud, se expresaba así ante un grupo de familiares de víctimas y dirigentes socialistas que acudieron el viernes al cementerio para conocer de primera mano los trabajos. «Ha pasado demasiado tiempo», reconoce.

Trabajos de exhumación de la empresa Themis en La Salud.

Trabajos de exhumación de la empresa Themis en La Salud. / Víctor Castro

«No quede ni una fosa siquiera»

Entre los visitantes estaba Antonio Deza, presidente de Dejadnos Llorar, que volvió a defender que en España «no quede ni una fosa siquiera»

sin exhumar, tal y como volvió a pedir el viernes las Naciones Unidas, que se han posicionado en contra de descafeinar la ley de memoria democrática vigente en España desde el año 2022 con las leyes «de concordia» que quieren impulsar PP y Vox.

Solo en el cementerio de La Salud, las excavaciones realizadas en las fosas comunes han permitido extraer ya más de 150 cuerpos, de los que al menos 25 podrían pertenecer a personas represaliadas por las heridas perimorten que presentan y que ha examinado el equipo multidisciplinar que trabaja a pie de fosa. A estos restos se les ha extraído ADN, para que en un futuro pueda ser cotejado con el de familiares de represaliados que permita identificarlos. ¿Cuándo ocurrirá eso? No se sabe.

Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria, reconoce que sigue siendo la gran asignatura pendiente y se muestra muy crítico sobre cómo se están haciendo las cosas en Córdoba. «Es increíble que las exhumaciones de San Rafael se vayan a cerrar ya, cuando ni siquiera ha abierto la oficina de atención a las víctimas». A juicio de quien fuera coordinador de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía aquí «está fallando el modelo, porque parece que en lugar de represaliados del franquismo se estuviesen exhumando soldados de la Guerra de la Independencia; no se ha seguido el modelo de Pico Reja (Sevilla)», lamenta.

Para el secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, que visitó también la semana pasada las fosas, es imprescindible que la oficina abra ya y recuerda que la ley especifica que las víctimas y sus familiares necesitan de un lugar físico y virtual para encontrar y aportar la información relativa a su caso. Palomares insiste en que esta oficina debería tener fondos propios y no ser usada la partida que se ha reservado para las excavaciones e insiste en la necesidad de disponer de un centro de referencia que sirva para que se recopilen sistemáticamente todos los datos, así como el ADN de cada resto encontrado, para así facilitar la localización de las personas desaparecidas, ya que, de otro modo, los trabajos y la finalidad de estas actuaciones quedarían incompletas y no se podrían identificar muchos de los cuerpos.

Oficina de víctimas

Menos crítica es, a priori, la visión de la Federación Andaluza de Memoria Democrática para la que «es una magnífica noticia que la semana próxima se ponga en marcha la oficina de víctimas, con la que, confiamos, se avanzará en una interlocución con los familiares permanente y continua, así como en cuanto a transparencia en la información sobre las distintas actuaciones y evolución de las mismas». Así se ha pronunciado la delegada provincial de la federación en Córdoba, Mar Téllez, que no obstante recuerda que desde esta plataforma también se han denunciado en muchas ocasiones los retrasos. «La colaboración a todos los niveles, institucional, asociativo, de la empresa y de la Cátedra de Memoria, es clave para llevar a cabo un trabajo escrupuloso no sólo para la recuperación de los cuerpos, sino sobre todo lo que supone la reparación de miles de familias que siguen esperando una respuesta de Estado, y que 80 años después van a poder cerrar el duelo», asegura Téllez.

Es una realidad que el Ayuntamiento se ha demorado en la apertura de esta oficina, que finalmente se va a ubicar en el centro cívico de Fátima. En principio abrirá este miércoles, día 8 de mayo, a la espera de que se contrate a un trabajador social que será el que acompañe a los familiares en este proceso que persigue la identificación de los restos de sus familiares. «De momento, hasta que llegue este trabajador, las familias serán atendidos por el equipo de Themis», informa el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, que pidió disculpas por el retraso en la apertura de la oficina y garantizó el apoyo del equipo de gobierno municipal, del PP, en esta materia.

Los trabajos en las fosas comunes de Córdoba se desarrollan en virtud de un protocolo de colaboración firmado en 2020 por las cuatro administraciones (Estado, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento), que se materializó un año después en un convenio por el que se dispusieron 1,6 millones para llevar a cabo las exhumaciones.

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