Se pensaba que las centrales españolas eran seguras, y según el Gobierno lo son, pero el tsunami de Japón, que ha vuelto a poner el futuro de la energía nuclear en el centro del debate, ha hecho que el Ejecutivo quiera comprobar --y, de paso, acatar el mandato de la Comisión Europea-- si estas instalaciones pueden resistir un terremoto o una inundación.

El Ministerio de Industria solicitó ayer al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que elabore estudios en este sentido. Lo que se pretende, según explicó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "reforzar la seguridad mediante informes mucho más exigentes de los que hasta ahora se venían desarrollando".

La primera central en ser sometida a estas nuevas pruebas será la de Cofrentes (Valencia), de 27 años de antigüedad. En la víspera del terremoto japonés, su actividad fue prorrogada durante una década más. La planta levantina, la de más potencia de España (está diseñada para producir 1.092 megawatios), ha sido reiteradamente denunciada por los movimientos ecologistas, que afirman que las medidas de seguridad externas son insuficientes.

ARMA DE DOBLE FILO Pero antes de todo eso, hay que saber "por qué" no han funcionado los sistemas eléctricos y de refrigeración en la central de Fukushima. La iniciativa del Ejecutivo pretende calmar a la población, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué no se han realizado hasta ese momento estos estudios? "Todos sabemos las condiciones geográficas y naturales de nuestro país. Hay motivos para mantener la tranquilidad", señaló Zapatero, cuya política en este terreno ha experimentado vaivenes a lo largo de sus años de mandato.

En el 2005, por ejemplo, el presidente se definió como el "más antinuclear del Gobierno", pero el mes pasado, para salvar la ley de economía sostenible en el Senado, permitió que el artículo de esta norma que fijaba en 40 años la vida útil de las nucleares españolas fuese suprimido, como pedían CiU y el PNV. Ayer, sin embargo, insistió en el límite temporal de estas instalaciones.

Tanto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como los colegios oficiales de Geólogos y de Ingenieros Industriales aseguraron ayer que los trabajos para determinar el riesgo sísmico y de inundación de las centrales anunciados por el Gobierno "serán largos" y es probable que duren más de un año. Los técnicos tendrán que analizar la situación de cada central y las opciones de refuerzo, además de verificar si el diseño antisísmico puede soportar las nuevas exigencias.

"Una de las primeras lecciones que podemos extraer de los hechos de Fukushima consiste en algo tan sencillo como la necesidad de instalar sistemas de protección de los generadores de emergencia por diésel", indicó el ingeniero industrial Juli Barceló, ex miembro del CSN.

Según el Foro Nuclear Español, la asociación que integra a las empresas del sector nuclear en España, los edificios, equipos, y estructuras de ingeniería de estas instalaciones están diseñadas para resistir entre dos y tres veces el máximo de sismicidad esperado en su lugar de emplazamiento. Pero la última actualización sobre el riesgo sísmico de las zonas donde hay reactores se realizó hace 20 años.