Las prórrogas

En reciente entrevista, el excelentísimo (es el tratamiento oficial de un jefe de Estado no coronado) señor presidente del Gobierno manifestó que la solución al tema de la amnistía (y esto antes de que el martes el Consejo Fiscal acogiera la tesis de que pudiera haber terrorismo) es acortar los plazos de instrucción, reformando nuevamente el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque al parecer esto de alargar los procedimientos es un poder dictatorial terrible de los jueces, que hacen y deshacen a su antojo.

El artículo 324 dice que la instrucción dura 12 meses como máximo, lo que significa que dura lo que debe durar y como mucho 12 meses. Si no es posible terminarla en plazo, se prorroga en periodos de hasta 6 meses, razonando por qué, de oficio o a instancia de parte. Este artículo está así escrito porque lo modificó en 2020 el gobierno socialista, es decir: está firmado por Pedro Sánchez. Regalaban además un año vía disposición transitoria. Antes, en su versión de 2015, firmada por Rajoy, duraba 6 meses, pero si se lo pedía Fiscalía --observen la diferencia-- podía el juez declarar compleja la causa, con causas tasadas, y entonces duraba 18 meses y se podía prorrogar, si hacía falta. Esto creó un estrés permanente, con fiscales pidiendo la prórroga ‘in extremis’ y echándose una cosa más en la espalda. Naturalmente, darles tregua para que puedan ir a las declaraciones ni se plantea: qué más dará, ¿verdad? El anterior 324, versión 2009, firmado por Zapatero, preveía que si un sumario no estaba terminado al mes de haberse incoado, el secretario del juzgado fuera dando parte semanal del tema. Sin límite. Y antes de esta reforma, este parte lo daba el juez.

Es preocupante el ridículo jurídico monumental que estamos presenciando, entre lo ramplón y el mal gusto. Pero esto de la amnistía importa poco en el cosmos de la Justicia. Importa el día a día. Cualquier que haya pisado un juzgado de instrucción sabe que es tal vez el destino más duro y que más pilotaje requiere. Se mantienen por pura voluntad y pellejo de los titulares, los funcionarios y los abogados. Es así. Si hay mil juzgados de instrucción hay mil interpretaciones sujetando a pulso el procedimiento sin medios. Claro que tarda: garantizar derechos tarda. Tomar declaraciones, suspender, pensar, decidir, celebrar: tarda. Cooperar con todos los juzgados de España y Europa con un teléfono sin cobertura: tarda. Y querer comprimir y acelerar, sin dar medios, lleva al verdadero cáncer de la justicia, que es el automatismo: cuantísimos asuntos no acaban siendo empujar el mismo párrafo hasta la sentencia de apelación, sin oportunidad de sentarse diez minutos a pensar, unos y otros, mientras se justifica no haberle cambiado una letra a lo que años antes recogió un atestado en cinco folios rituales. Pero juguemos: por cada mes de reducción, asignemos un 10% de incremento del presupuesto de justicia, y dupliquemos la planta. Si no los plazos seguirán siendo o mentiras o desfiladeros.

*Abogado

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