La impunidad

En una democracia se persigue a la gente por sus actos delictivos, nunca por sus ideas. Las ideas se adoptan y luego uno puede desembarazarse de ellas: pero los actos ocurren, siguen siendo materia sostenida en el tiempo. A no ser que se haga una ley de impunidad: la que hoy se trata de legitimar por una supuesta necesidad de normalización. Sin embargo, los independentistas se jactan de que la ley de amnistía no es por la convivencia --porque no hay nada que perdonarles--, sino por la injusticia que sufrieron. Los CDR tenían explosivos y estaban preparando acciones que forzaran la intervención del ejército en las calles de Barcelona. Era la imagen que buscaban: no habían tenido suficiente el 20 de septiembre de 2018 con destrozar un coche de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía y Hacienda, arengados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuando aquella letrada de Justicia se vio obligada a escapar por tejados y azoteas, arrinconada por 60.000 energúmenos, básicamente porque temía por su vida. Tampoco tendrían bastante los CDR con los 500 millones de pérdidas --¿quién los paga?-- por interrumpir, entre barricadas de neumáticos quemados, el paso de la Junquera, ni con la ocupación violenta del aeropuerto de El Prat. Después de tanto, incendiar Barcelona ya tampoco era mucho. Pues todo eso no sólo no habrá ocurrido, sino que encima el Estado --democrático, no lo olvidemos-- les pedirá perdón por haber creído la realidad --o sea, que sí había pasado--, y juzgarlos. El independentismo va contra la justicia porque el principio de legalidad, bien aplicado --sin un Ejecutivo interviniendo el poder judicial--, lo aleja de la arbitrariedad definitiva que siempre ha sido el ‘procés’. Cuentan con un Gobierno que nos asegura que tiene puesto el límite --europeo por otro lado-- en los delitos de terrorismo. Mucho de lo narrado anteriormente lo es, pero ya sabemos lo que este Gobierno suele hacer luego con sus límites. Nunca fue ideología: es el derecho.

* Escritor

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