Burocracia y desarrollo rural

Si a los problemas de calado que afectan al mundo rural se le añaden otros problemas por parte de quienes deben e intentan aportar soluciones en el ejercicio de sus funciones, es decir la propia administración, mejor que se ahorren esos esfuerzos que no solo no suman a favor, sino en contra.

Clasificaría en tres bloques fundamentales las distintas acciones que puede desarrollar la administración pública en su relación con los ciudadanos, a los efectos que nos ocupan, es decir, en lo referente a favorecer el desarrollo socioeconómico. Por un lado estarían aquellas acciones básicas que aportan servicios esenciales propios de cualquier estado de derecho, sujetas a la habitual tramitación administrativa, siempre mejorable, pero común a cualquier ciudadano de cualquier parte, sometido a las leyes vigentes, como no puede ni debe ser de otra forma, aunque esto no debe ser óbice para poder y deber implementar ciertas acciones de discriminación positiva, o mejor dicho, de adaptación específica a entornos distintos, que requieren diferenciación en su desempeño o condiciones, precisamente para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Estas acciones pasan muchas de ellas por una mayor digitalización y por el aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permitan superar algunas barreras físicas.

Por otro lado, en un segundo bloque, estarían lo que podemos denominar subsidios, es decir, acciones compensatorias de situaciones de desigualdad, que las intentan corregir de forma directa. Son soluciones no estructurales, que no actúan sobre la causa, sino sobre los efectos, para aliviar o corregir sus consecuencias. En este caso la administración, dada la urgencia y situación de necesidad, debe ser mucho más ágil y adaptar ciertas tramitaciones administrativas que permitan conseguir los objetivos perseguidos. Por poner un ejemplo, si se habilita una ayuda a una situación de dependencia, esta debe llegar cuando se necesita, no años más tarde, como desgraciadamente ocurre en muchas ocasiones.

Por último, en el tercer bloque, incluiría acciones de carácter dinamizador, de desarrollo, con vocación tractora y ejemplar, que tienen como objetivo fundamental actuar sobre las condiciones estructurales de una situación a corregir para que no se den sus consecuencias ni se produzcan sus efectos no deseados, generalmente asociados a situaciones de desigualdad. Algunos ejemplos claros serían las políticas de desarrollo rural que implementan las regiones o estados miembros, con fondos europeos, para paliar los efectos del éxodo rural, o las políticas de empleo, o las políticas de reestructuración industrial. En este caso, evidentemente, se persigue la convergencia de regiones o sectores en declive con otros en mejor situación o punteros.

Aunque debería darse en los tres bloques, es en este tercero donde es imprescindible que la tramitación administrativa se adapte a los objetivos y no al revés, es decir, los requisitos jurídicos necesarios, propios de todo estado de derecho, deben considerarse, pero adaptándolos a las necesidades económicas y sociales, y no al revés, como suele ocurrir. Y la necesidad asociada a este tercer bloque no es sino porque las acciones de los dos primeros son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, por básicas las del primero y por urgentes las del segundo, pero las del tercero, si no cumplen sus objetivos son absolutamente prescindibles, ya que no tendrían sentido ni razón de ser.

Y el rodillo burocrático va en aumento, obviando y resistiéndose a la mayoría de las innovaciones y actualizaciones en una sociedad altamente cambiante debido a la globalización y la alta tecnificación actual. Pero, aunque deberíamos, por lógica, esperar innovación y vanguardia, dada la situación ya nos podemos conformar con que no haya freno ni atraso. Necesitamos en la administración a los mejores profesionales y para eso debemos permitir que estos puedan desarrollarse profesionalmente sin sufrir un entorno que se lo impida. Sentido común, independencia entre políticos y técnicos y procedimientos administrativos que sean acordes a los objetivos que se persiguen con la tramitación correspondiente, es lo menos que le podemos exigir, como ciudadanos, a nuestra administración.

También sería interesante que para el desarrollo de políticas con efecto tractor se contratase a los mejores profesionales, con un alto nivel académico, a los que se les deben ofrecer condiciones favorables, que hoy en día requieren teletrabajo, conciliación, herramientas tecnológicas avanzadas y buenas condiciones laborales para desarrollar su proyecto vital. Si no es así, también se va a dar una «fuga de talentos» generalizada dentro de la propia administración, que cada vez ve más difícil cubrir muchas de sus plazas por estas cuestiones, algo que debería hacer reflexionar a quienes tengan responsabilidades al respecto.

* Profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y economista de la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias

Suscríbete para seguir leyendo