El proceso judicial de la operación Fénix, que supuso la desarticulación de una trama organizada en el sector de la joyería desde la que se habría cometido un fraude fiscal, se encuentra bastante avanzado en el juzgado de Instrucción número dos de Córdoba después de que hayan declarado más de 150 imputados, aunque finalmente serán 89 los procesados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una vez emitido el auto de procesamiento, la causa entra ahora en la fase de recursos y podría ser que el número final de personas que se sienten en el banquillo no coincida con la cifra actual de imputados. Esta red --distribuida por todo el país-- habría estafado a Hacienda una cantidad estimada en un principio de 154 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

Esta operación se inició a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectara numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos 100 agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

En una primera fase, el 8 de noviembre del 2006 se detuvo a un total de 22 personas, 14 en Córdoba, una en Málaga, otra en Jaén y seis en Barcelona. La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. Esta empresa hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos.

REVENTA La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes.

La investigación obligó a la Administración de Justicia a reforzar el juzgado de Instrucción número dos, que cuenta con un juez en exclusiva en comisión de servicio.