La segunda parte de la operación, en julio del 2007, se saldó con la detención por parte de la Policía Nacional de 32 joyeros en la capital cordobesa, más otros en Cáceres, Sevilla y Málaga como presuntos miembros de la red que habría estafado a la Hacienda Pública 154 millones de euros. Entre los detenidos se encontraban fabricantes, mayoristas, contables, comerciales y testaferros. Después de declarar en el juzgado de guardia, el magistrado José Francisco Yarza, entonces titular del Instrucción número dos, los dejó en libertad, algunos de ellos bajo fianza.
La instrucción ha sido muy complicada. Algunos imputados acudieron al poco de iniciarse la investigación judicial a la Audiencia Nacional para que aclarara las competencias. Este órgano falló en febrero del 2008 a favor de que se instruyera en Córdoba. Más adelante se recurrieron algunas escuchas telefónicas, y se admitió su ilegalidad, lo que supuso que se levantara la imputación a varios de los investigados. A la vista del volumen de la causa, la Administración reforzó el juzgado con un funcionario, además del juez Benaissa Said, en comisión de servicio.
