Con la creación de sociedades fantasmas, la empresa catalana investigada conseguía que los verdaderos destinatarios, los fabricantes de joyería, escapasen al control de Hacienda y que no tributasen por las ventas en la imposición indirecta (IVA), ni por los beneficios en la imposición directa (IRPF o Impuesto de Sociedades).

Esta red aprovechaba una pequeña laguna legal que trascendía las fronteras españolas. Y es que la Unión Europea aprobaba en 1998 que la compra de oro destinada a inversión estaba exenta de tributar al fisco. Algunos de los estados miembros de aquella época ya tenían en vigor esta medida y para cumplir con los principios comunitarios de igualdad se extendió al resto de países.

Esta operación --que comenzó a fraguarse en octubre del 2005 aunque los primeros arrestos se materializaron en febrero del año siguiente-- hizo mucho ruido en Córdoba, y no solo porque se saldara con 54 detenidos, sino por el impacto que supuso para un sector que aportaba en esos momentos el 40% del producto interior bruto de la provincia y que daba trabajo a unas 10.000 personas. Los detenidos evitaron la prisión pagando fianzas que fueron de los 6.000 a los 40.000 euros, pero el daño estaba hecho. Desde la asociación San Eloy se señalaba que el fabricante cordobés era el que salía perjudicado.

A las detenciones se sumaban los registros. Hasta catorce entradas en domicilios y empresas --nueve en Córdoba-- autorizó el juez y la Policía Nacional se incautó de 70 kilos de metales y piedras preciosas, cuatro vehículos de alta gama, 62 inmuebles y fincas rústicas en diversas provincias españolas, obras de arte, cuentas bancarias, fondos de inversión y activos financieros por un valor aproximado de cuatro millones.

Estas cifras se dispararon cuando la operación se cerró en julio del 2007. Los agentes habían bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras distintas con un saldo global de un millón de euros, y la incautación de bienes alcanzaba los 150 inmuebles y fincas, en su mayoría en Córdoba, y varias propiedades inmobiliarias en Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Cáceres y Madrid, así como diez vehículos de lujo.

En el plano judicial, una vez que se resuelvan los recursos al auto de procesamiento, las partes calificarán los hechos y el juez enviará el procedimiento a la Audiencia para que juzgue esta casi Malaya por el número de procesados.