En enero del 2008 saltaba a los medios una nueva actuación contra el fraude fiscal, que fue denominada Troya, en la que se vieron implicados tres profesionales de la joyería. La causa se deriva de la operación Fénix y la sigue el juzgado de Instrucción tres de Córdoba, pero se encuentra en un momento procesal diferente.
La Policía Nacional detuvo a dos empresarios y un empleado al sospechar que habían defraudado 33 millones de euros a Hacienda por un sistema similar al anterior: compra de oro también en Suiza como inversión que al final acaba en un taller transformado en joya y evitaba el pago del entonces 16% de IVA con que se gravaba la fabricación de alhajas.
Los investigadores registraron la sede de la firma, en el centro de la ciudad, y se incautaron de dos inmuebles, uno de ellos tasado en más de un millón y medio de euros, dos vehículos de alta gama, 430 gramos de oro en láminas, 11 kilos de virutas de plata y 230.900 euros en metálico. También bloquearon siete cuentas corrientes en las que había 1,3 millones.
