Díaz llama a la movilización contra el Supremo y Bolaños pide “no generar desconfianza” en la justicia

El Gobierno se mueve entre el intento de hacer equilibrios y la división de pareceres respecto a la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general. Mientras el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, trata de mantener la institucionalidad, acatando el fallo aun sin dejar de manifestar su discrepancia -misma posición que el jefe del Ejecutivo-, otros miembros del Ejecutivo ha elevado el tono contra el Alta Tribunal para impugnar su decisión por supuestamente tener una intencionalidad política. Este está siendo el caso del ministro socialista de Transformación Digital, Óscar López, además del socio minoritario de la coalición, Sumar, con Yolanda Díaz llamando a la movilización y deslizando guerra sucia judicial, el denominado ‘lawfare’.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó la propuesta de Teresa Peramato para relevar al dimitido Álvaro García Ortiz, quedaron claras ambas posiciones. En un lado de la mesa, Díaz alentó las protestas contra el Supremo, como las de este fin de semana, “en favor de la democracia”. Desde el otro lado, el titular de Justicia apeló a “no generar desconfianza en una institución tan importante como es el Supremo” y la justicia en general. “Cualquier discrepancia es legítima en el plano argumental o discursivo”, concedió Bolaños para advertir que “en ningún caso” se deba “dañar” con ella a las instituciones democráticas.

“Nosotros también tenemos el derecho legítimo a decir que el pueblo salga a la calle a defender la democracia”, replicaba la vicepresidenta segunda por su parte. Díaz y Bolaños ni siquiera coincidieron en su valoración sobre la decisión del Supremo de adelantar el fallo condenatorio antes de la sentencia. La vicepresidenta segunda cargó contra ello porque “ante una causa tan importante” en el Supremo “se debe respetar a sí mismo y publicar íntegramente la sentencia” y aportar su motivación jurídica.

El titular de Justicia, por su parte, pidió “no conjeturar” por los motivos de dar a conocer antes el fallo que la sentencia y al tiempo que reclamó “paciencia”. Eso sí, manifestó que “sería bueno que se conociera cuanto antes”.

En Moncloa evitan hablar de división en el Gobierno, aunque reconocen que hay diferentes “perfiles” dentro de la coalición. Posiciones que se niegan a tildar de contradictorias para preferir hablar de “complementarias”. Otro ministro socialista, que en público opta por mantener una posición más institucional sin visibilizar un choque contra el Supremo con origen, sí prioriza el derecho a la manifestación y niegan que este se ejerza “contra nadie”.

La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se posicionó a favor de las movilizaciones contra el Supremo del pasado fin de semana. “Bastante más respetuosas y sanas que las que vimos el viernes frente a la sede de Ferraz”, apuntó en referencia a la concentración de Falange ante la sede federal del PSOE que prohibió delegación del Gobierno y que posteriormente permitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Máximo respeto a esas manifestaciones trasladando su posición contraria al fallo”, concluyó. A la concentración en Madrid acudieron figuras vinculadas al PSOE como la ex fiscal general, Dolores Delgado, y el exjuez Baltasar Garzón.

Proceso de relevo

Desde el Gobierno prefieren poner el foco en el perfil de Teresa Peramato que consideran “absolutamente idóneo” y de quien alaban su experiencia y profesionalidad. “Continuará reforzando su autonomía, continuará persiguiendo el delito y haciéndolo con criterios técnicos y profesionales”, defendía respecto a este nombramiento el ministro de Presidencia y Justicia. Mientras no se consuma, a la espera del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su posterior comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, García Ortiz seguirá siendo el Fiscal General del Estado, pues la inhabilitación todavía no es firme a la espera de la sentencia.

La pretensión del Ejecutivo es que pueda acelerarse este proceso para consumarlo antes de que la inhabilitación del actual fiscal general por revelación de secretos se materialice y evitar así que haya vacante. Todo dependerá de cuándo se reúna el CGPJ para emitir su informe y la tardanza del Supremo en dictar sentencia.

Conflicto de legitimidades

La disputa entre poderes, principalmente entre el Ejecutivo y el Supremo, viene de lejos y ha tenido en la aplicación de la ley de amnistía uno de sus principales capítulos. El primero de los episodios de fricción con el Alto Tribunal tuvo lugar en la pasada legislatura, tras el demoledor informe contra los indultos a los condenados del ‘procés’. Un conflicto de legitimidades que se extendió luego con la reforma del Código Penal de 2022 para suprimir el delito de sedición y rebajar el de la malversación.

A estas grandes colisiones se suman otras también simbólicas, como los nombramientos tumbados por el Supremo. Entre ellos, el de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, dos nombramientos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. Primero como fiscal togada del Supremo y posteriormente como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

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