MEDIDAS ANTICRISIS

Bolaños llama a Gamarra para intentar salvar los decretos del Gobierno tras el rechazo de Junts

El PSOE descarta retirar los decretos pese al rechazo de Junts y busca negociar con los populares

Además de los 10.000 millones de fondos europeos, están en juego la prórroga de las medidas contra la inflación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. / EP

Paloma Esteban, Iván Gil

A 48 horas del pleno en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos de esta legislatura, el Gobierno está lejos de contar con los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Junts ha reiterado su rechazo, principalmente porque considera que uno de los puntos del decreto anticrisis pone en riesgo la aplicación de la amnistía, y Podemos amenaza con votar en contra del relativo a la reforma del subsidio por desempleo al considerar que implica “recortes”. El Gobierno confía en levantar los vetos y negocia contrarreloj con sus socios de investidura. Pero no tanto ofreciendo cambios en su contenido, pues incluyen medidas pactadas con Bruselas para recibir el siguiente tramo de los fondos europeos, sino abriéndose a pactar otras reivindicaciones que quieran poner sobre la mesa. El secretario de Organización, Santos Cerdán, se ha abierto a que los posconvergentes planteen otras cuestiones que sirvan de contraprestación para obtener su apoyo.

Lo que ha rechazado el número tres de los socialistas es retirar los decretos, aunque no tengan los votos necesarios. "Vamos a somterlos a votación aunque puedan ser derrotados", ha explicado Cerdán en rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión de la ejecutiva. Eleva así el órdago a Junts, e incluso ha retado a quienes avanzan que votarán en contra a explicar "a los doce millones de pensionistas que no quieren revalorizar sus pensiones". Fuentes de la dirección del partido avanzan que negociarán con todos los grupos, incluido el PP. Estas mismas fuentes confirman que ya ha habido contactos al máximo nivel, con una llamada esta mañana del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Sin embargo, los socialistas se oponen por el momento, como reclama el PP, a mantener las rebajas del IVA a la luz y el gas en el 5%, y extenderla a la carne, el pescado y las conservas, además de deflactar el IRPF. "Sus medidas son menos ingresos y más gasto, que nos digan cómo hacerlo", ironizaba Cerdán.

Fuentes de la dirección del PP han confirmado la llamada entre Bolaños y Gamarra, además de una segunda entre otros dos interlocutores distintos. En todo caso, fuentes del partido insisten en que por el momento no han cambiado de posición, después de que Alberto Núñez Feijóo asegurase esta mañana que "el PP no arreglará los problemas internos del desgobierno".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también avanzaba esta mañana en una entrevista en TVE que el Ejecutivo se abre a negociar “otras materias que le puedan resultar de interés”. Tras reconocer que el punto de encuentro es difícil sobre el elemento del decreto que rechaza Junts, Montero explicó que la estrategia negociadora pasa por “explorar el perímetro por si hay otras cuestiones a incorporar”. Más allá de oponerse al punto donde se recoge que un tribunal pueda dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los posconvergentes pusieron el foco en elementos relativos a la “infrafinanciación” de Cataluña.

El Ejecutivo, que afronta su primera gran prueba de fuego por la compleja aritmética parlamentaria, insiste en que los decretos deben aprobarse sin cambios, tanto por los asuntos que se refieren a reformas pactadas por Bruselas como por la “supeditación al derecho comunitario” en el caso del punto que rechaza Junts. Pese a las dificultades, Montero se ha mostrado convencida de que el Gobierno llegará a un acuerdo con Junts para salvar los decretos, al igual que con Podemos en el relativo al subsidio del paro. “Estoy convencida de que de aquí al jueves queda tiempo y encontraremos elementos que permitan convalidarlos”, ha asegurado al tiempo que ha pedido “dejar de pensar en elementos tacticistas y partidas y pensar en el interés general”.

Además de los 10.000 millones de fondos europeos, están en juego la prórroga de las medidas del decreto contra la inflación con la baja del IVA de la luz, de alimentos básicos o las subvenciones al transporte público. Con el rechazo del PP a los decretos, a pesar de que en la última prórroga de las medidas anticrisis votó a favor y se abstuvo en la anterior, a principios de 2023, el Gobierno solo tiene margen para que se abstenga uno de sus socios. Eso sí, en este caso sería necesario que la diputada de Coalición Canaria, que ya apoyó la investidura, votase a favor. La vicepresidenta primera ha cerrado la puerta a cualquier ventana de negociación con el PP, lo que rompería en la primera votación importante de la legislatura el bloque de investidura, al considerar que sus exigencias "son justificaciones para trasladar que van a votar que no".

Aritmética parlamentaria

Las dificultades del Gobierno para sacar adelante las medidas comprometidas con Bruselas y el paquete antiinflación poco más de dos meses de haber pactado la investidura, vaticina la complejidad de esta legislatura. Todo ello en un contexto en el que las formaciones independentistas catalanas no están en un contexto preelectoral. "Forma parte de la cultura que hay ahora en el Congreso", se resignaba Montero para reconocer que con la coyuntura aritmética actual sus socios harán "valer sus votos y su marca".

De forma paralela a estos primeros decretos, el Gobierno deberá afrontar la negociación de los próximos Presupuestos y también las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Sobre esto último, fuentes de Moncloa reconocen que el mensaje transmitido a sus socios es que para pactar cambios solo aceptarán retoques técnicos. Todo ello, siempre que tengan el consenso de todos los grupos para mantener los 178 votos con los que fue admitida a trámite. Conscientes de la competición entre ERC y Junts por capitalizar la ley destacando su sello, como se demostró en las negociaciones de investidura, el PSOE quiere poner líneas rojas.