El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reune hoy, a las 12.30 horas, para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal.
El presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, convocó un pleno extraordinario para las 12.30 horas para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.
Una iniciativa en la que el Gobierno pide al tribunal de garantías que declare nula y sin efecto jurídico alguno la resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia. De hecho, el Ejecutivo interpreta ese texto aprobado como un desacato al TC, pero también como un «verdadero plan para conseguir la secesión de España».
Pero el Gobierno no solo pide la nulidad de la resolución, dado que el Constitucional ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre del 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de «desconexión» de Cataluña con el resto de España.
Ante la desobediencia a esa sentencia y al auto del Constitucional del 19 de julio en el que expresamente se pedía a la Mesa del Parlamento de Cataluña que impidiera cualquier avance en ese camino, ahora el Ejecutivo español en funciones quiere que el tribunal aplique medidas coercitivas.
La más contundente, la apertura de la vía penal contra la presidenta Forcadell por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo.
La petición del Gobierno es que el Constitucional «proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal» que pudiera corresponder a Forcadell.
Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlamento catalán y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que «directa o indirectamente» pretenda dar cumplimiento a esa resolución.
O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución. En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.
