Una legislatura marcada por la disciplina de Bruselas con los fondos europeos al frente

Se acabó. Superada la pandemia, la Comisión Europea (CE) pone punto final a la política de gasto público a espuertas de los últimos años. Bruselas someterá a España a la disciplina fiscal desde 2024, un corsé con el que tendrá que lidiar el próximo Gobierno. No le será fácil. El país está por encima del 'clásico' 3-60 que las instituciones comunitarias imponen como límite: máximo un 3% de déficit (los gastos del conjunto de la Administración no pueden superar a los ingresos en más de ese porcentaje sobre el PIB nacional) y un 60% de deuda. España cerró 2022 con un déficit del 4,8%. La deuda se situó en el 113,1%. Con tales cifras, el país estará bajo la lupa de la CE, que no va a conformarse con reducciones cosméticas. Un alto nivel de exigencia y de compromiso con la estabilidad financiera que deberá tener muy presente el próximo ministro de Hacienda llegado el momento de revisar la fiscalidad.

La Fundación Nueva Economía (New Economics Foundation) ya ha avisado que controlar el déficit y mantener impuestos (y por supuesto bajarlos) difícilmente podrán compatibilizarse con el gran volumen de inversiones que exige el cumplimiento de las políticas estratégicas comunitarias, sin ir más lejos las medioambientales. El nuevo Ejecutivo puede encontrarse un escenario en el que no exista la 'victoria': o se salta el déficit, o se recorta el gasto, o se suben impuestos. Y como quiera que incumplir el déficit no parece una opción ante una Bruselas que espera de los países el mismo compromiso que esta les mostró en la pandemia, quedan los recortes y los tributos. En esa tesitura, el problema para un eventual gobierno a la izquierda y liderado por el PSOE se presenta tan complejo como el que tendría un ejecutivo a la derecha y liderado por el PP.

Alberto Núñez-Feijóo tiene en la bajada de impuestos uno de sus grandes reclamos electorales por más que las voces que alertan sobre su inconveniencia sean cada vez más numerosas. Alimentaría la inflación, sostienen. Además, un programa de alivio tributario digamos ambicioso supondría una merma en los ingresos justo cuando la CE cierra el grifo del dinero y reactiva las reglas fiscales. Habría que recortar gasto. De lo contrario, sería difícil cumplir el calendario de inversiones que exige la futura Europa verde.

El líder del PP ha criticado los impuestos a la banca y a las grandes energéticas del bipartito PSOE-Podemos. Sin embargo, en ninguno de estos dos sectores se da por descontado, ni mucho menos, que un eventual gobierno de centroderecha vaya a suprimir sin más este controvertido tributo. Clara señal de incertidumbre. En las empresas son conscientes de que al futuro Ejecutivo, sea del color que sea, no le van a sobrar los recursos. Una cosa es la voluntad y otra, la realidad. Y la realidad es que Núñez-Feijóo ha prometido una rebaja del IRPF en favor de las rentas medias-bajas (quienes ganan menos de 40.000 euros) para paliar el mayor coste de vida. Una rebaja que sería inmediata, en sus primeros cien días como inquilino en la Moncloa. Con esa gran promesa, el margen para 'tocar' otros tributos se reduciría sobremanera.

Del otro lado, la experiencia dice que Pedro Sánchez podría asumir con mayor cintura, o con menos recelos, no solo el mantenimiento de la fiscalidad, sino incluso su endurecimiento. De hecho podría no tener otro remedio. Sobre todo si Yolanda Díaz y Sumar vuelven a tener sitio en un eventual gobierno a la izquierda, y lo cierto es que no parece vislumbrarse gobierno alguno a la izquierda sin Yolanda Díaz y Sumar. Así que no solo se trata de la 'hoja de ruta' de la CE hacia la futura Europa verde, sino de medidas como la de dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años para promover el emprendimiento, lo que costaría alrededor de 8.000 millones, un 0,8% del PIB. Es solo uno de los varios anuncios de Sumar, pero es suficiente para entender por qué no cabría rebaja fiscal con un nuevo Ejecutivo en el que el PSOE dependiera de una confluencia con los partidos ubicados a su izquierda y, muy probablemente, los independentistas vascos y/o catalanes. Más gasto, como por ejemplo para ese cheque a los jóvenes, conlleva la búsqueda de nuevas fórmulas de ingresos. En especial cuando la vía del déficit estará bajo la vigilancia de las autoridades europeas y cuando el actual Gobierno no precisamente ha escatimado en gastos. Sin ir más lejos, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo paquete de ayudas de 9.000 millones. Ahí se incluyen la rebaja del IVA en los alimentos básicos y la bonificación en el transporte, que se prorrogan hasta el 31 de diciembre. Nadia Calviño cifró el coste de todos los planes de alivio aprobados hasta la fecha en casi 50.000 millones de euros. Planes que conviven desde hace muchos meses con la negativa a deflactar el IRPF, que lejos de ser una bajada del impuesto no es más que un ajuste para adaptarlo a la depreciación de los ingresos por la inflación.

A todas estas, al fondo está la ejecución de los fondos europeos. O más bien al frente. La patronal viene insistiendo en que los dineros comunitarios no están llegando a la economía real, que es justo lo peor que podría pasar: que sea la Administración la que aglutine una inyección de recursos llamada a transformar el país. Más allá del baile de cifras y de porcentajes, lo cierto es que los fondos efectivamente ejecutados (que no es sinónimo de comprometidos o asignados, sino de gastados en aquello para lo que se recibieron) siguen siendo una parte menor. En esto último sí hay consenso, es una certeza que convive con otra: el dinero debe estar ejecutado a 31 de diciembre de 2026. La ampliación de los plazos es cada vez más factible, pero Bruselas no irá mucho más allá, con lo que será el gobierno que salga de las urnas el 23J el que pasará a la historia como el gran responsable del éxito o del fracaso de los NextGeneration.