La exalcaldesa de Peñarroya defiende la legalidad del tren turístico del Guadiato

La exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz (2003-2011) ha defendido este viernes la legalidad de los proyectos del tren turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril, subvencionados con los fondos Miner. Lo ha hecho con un reiterado alegato de su inocencia y del correcto destino de las ayudas, durante la primera sesión de la segunda pieza del caso Rocket.

Vista para sentencia la primera parte de la trama, los juicios por la operación Rocket han continuado con tres expedientes administrativos bajo sospecha de ser fraudulentos. En esta ocasión, la Fiscalía ha cuestionado, entre otras cosas, la adjudicación, la facturación y la cesión de la gestión relativas a esos dos proyectos y a la adquisición de un vagón-restaurante.

Estaban llamados a declarar tanto Luisa Ruiz, principal acusada, como cuatro empresarios presuntamente implicados en la trama. Para el total de los imputados, la Fiscalía pide más de 64 años de prisión por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Luisa Ruiz, ex alcaldesa de Peñarroya: "De los Miner no se usó jamás una factura ficticia para justificar nada"

¿Qué hay tras un 19% de gastos generales?

A preguntas del Fiscal y de la abogada del Estado, la exalcaldesa de Peñarroya ha justificado los más de 300.000 euros que, sin factura, sirvieron para cuadrar los 1,485 millones de euros de la subvención para el proyecto del tren turístico con unos supuestos gastos municipales previos. "En absoluto se hace la factura para justificar una inversión que no se haya hecho", ha expresado.

Ruiz ha explicado que, como figura en la memoria final remitida al Gobierno, un 19% de los gastos corresponden a una inversión que el Ayuntamiento había realizado con anterioridad a la firma de un convenio en 2009 con la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos (CGFT) y el Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (CEHF). Estas dos entidades se encargarían de la ejecución del proyecto.

Las facturas remitidas al Consistorio sumaban en torno a 1,1 millones de euros. A los fondos Miner, el Ayuntamiento cargó un primer pago del 25%, correspondiente a 371.000 euros. Posteriormente, se hizo lo propio con un 50%, que ascendía a 742.000 euros. El restante, según la exregidora, se correspondía tanto con los gastos previos como con los pendientes.

La estructura económica de estos proyectos era gestionada por Promociones Industriales del Valle del Guadiato (Pivag), empresa municipal, que se encargaba, según la exalcaldesa, de realizar los pagos y de recibir la facturación, entre otras cosas. Esa encomienda de gestión, ha apostillado, se hizo siguiendo la recomendación del Ministerio y teniendo como ejemplo, según ha precisado, a los municipios del resto de la comarca.

La restauración de los vagones

Parte de esos trabajos consistían en la restauración de tres vagones de ferrocarril, dos de ellos adquiridos por el Ayuntamiento. Las dudas de la Fiscalía también han ido dirigidas a esa adjudicación de las labores, puesto que la Guardia Civil incautó información, como correos electrónicos, entre el Consistorio y las compañías que hablaban de ciertos trabajos con anterioridad a la fecha de los procedimientos negociados que, más tarde, se llevaron a cabo.

Tres empresas concurrieron a la oferta para ejecutar dichas restauraciones y se adjudicó a Talleres Celada. La antigua alcaldesa ha negado, rotundamente, que manipulara u ordenase manipular la decisión para entregar directamente el proyecto a esta empresa.

A finales de 2010, según varios documentos incautados, la exregidora y los responsables de la CGFT y del CEHF firmaron el acta de recepción de las obras. Sin embargo, Ruiz ha reconocido que no llegó a ver físicamente las máquinas, sino que confió en la empresa adjudicataria, que, al parecer, documentó con fotografías los trabajos. El Fiscal ha puesto en duda que realmente estuvieran concluidos, teniendo en cuenta que el Consistorio debía justificar la subvención en esas fechas.

Pieza compleja

La pieza es compleja y las incógnitas que se tratan de esclarecer resultan varias. Más allá de las mencionadas, el Fiscal ha indicado que, en los registros practicados, la Guardia Civil observó que los documentos municipales estaban manipulados. Concretamente, algunos relativos a la presunta autorización concedida a la CEHF para hacer uso de las máquinas.

Luisa Ruiz ha respondido que "jamás" se acercó al registro del Ayuntamiento y ha abundado que no se cedió ninguna máquina. Asimismo, ha remarcado que hubiera sido fácil detectar quién practicó esa manipulación atendiendo a la identificación digital del usuario, que tuvo que ingresar credenciales para acceder al registro.

La Fiscalía, siguiendo la misma línea, ha interrogado a la exalcaldesa por varios correos, cuando ya no era alcaldesa, en el año 2011, sobre la gestión de solicitudes de autorización. En uno de ellos, además, se dejaba constancia de que todo quedaba enviado. Ante eso, Luisa Ruiz se ha mostrado tajante y ha asegurado que nunca envió nada.

La sesión de la mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial se ha quedado corta y los empresarios han tenido que esperar a la tarde para declarar ante el magistrado instructor, José Francisco Yarza. El juicio continuará con testigos y pruebas periciales, previendo que se extienda al mes de noviembre.