INVESTIGACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PERSONAL TEMPORAL EN EL CONSISTORIO
El Ayuntamiento de Lucena deberá pagar un millón por impagos salariales
El nuevo gobierno local critica la gestión «irresponsable» de sus antecesores
Una investigación de la Inspección de Trabajo, abierta en agosto del 2022, concluye con una liquidación por importe de 997.937 euros contra el Ayuntamiento de Lucena. La cantidad definitiva exigida incluye cuotas sociales insatisfechas a trabajadores temporales y el correspondiente recargo. El equipo de gobierno actual (PP) culpa, por una gestión «irresponsable», a los dirigentes municipales socialistas y censura la «falta de transparencia» del anterior gobierno municipal al privar de esta información a la oposición del mandato corporativo precedente.
El organismo público extiende la indagación al año 2017. Los desfases laborales detectados afectan, fundamentalmente, a los trabajadores contratados con planes de empleo públicos financiados por administraciones superiores. El portavoz del gobierno local, Francis Aguilar, detallaba que el Ayuntamiento de Lucena condicionaba los salarios a los empleados a la subvención obtenida en vez de aplicar el acuerdo marco vigente. Por consiguiente, en su opinión, el Consistorio incurría en una «desigualdad» contraria, por ejemploy según apuntaba, a la Constitución Española.
Los servicios jurídicos municipales estudiarán un hipotético recurso, con un plazo fijado hasta el próximo mes de octubre. Atendiendo a los razonamientos de la Inspección de Trabajo, a priori, esta reclamación provoca «poca defensa» para los intereses del Ayuntamiento y, desde el origen de las diligencias, insistía el concejal popular, «se presuponía que podía ser complicado».
El Ayuntamiento recibió comunicación sobre el montante exigido justo antes de las elecciones municipales, después de un año de «intercambio» de documentación. Unas secuencias que refuerzan las críticas de los populares por «no dar conocimiento» de este procedimiento al conjunto de la Corporación municipal.
En su comparecencia, Francis Aguilar manifestaba que si la evaluación de estas cotizaciones hubiera abarcado un mayor período temporal, «el desastre hubiera sido mayor». Por el momento, desde el PSOE, contactado por este periódico, prefieren posponer cualquier respuesta al estudio sosegado del expediente referido.
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