Ayuntamiento de Córdoba
El PSOE de Córdoba tendrá que ir al juzgado si no quiere devolver 50.000 euros de su asignación municipal de 2017
Un informe rechaza las alegaciones presentadas por el grupo municipal socialista para el reintegro de la cantidad que le reclama el Consistorio
El PSOE de Córdoba tendrá que ir al juzgado si no quiere devolver 50.000 euros de su asignación municipal correspondiente al año 2017, cuando gobernaba Isabel Ambrosio en coalición con Izquierda Unida, que le reclama de nuevo el Ayuntamiento de la capital. Esa es la opción que le queda a los socialistas después de que un informe elevado al Pleno rechace las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PSOE para el reintegro de esa cantidad.
En concreto, las arcas municipales reclaman al PSOE la cantidad de 50,975,35 euros. Las asignaciones presupuestarias que se aprobaron para los gastos de los grupos políticos municipales en aquel ejercicio fijaron una cantidad mensual por grupo político de 100 euros; y una cantidad variable por cada concejal de grupo al mes, 813,54 euros. Así, se asignó al grupo municipal socialista una cantidad mensual de 5.794,78 euros y un total para el ejercicio 2017 de 69.537,36 euros, cantidad que fue pagada por el Ayuntamiento mediante transferencias bancarias a la cuenta corriente del grupo, habiéndose abonado 57.947,80 euros de la citada cantidad.
Primero la junta de gobierno local y después el Pleno declararon la procedencia del reintegro en la Tesorería Municipal del importe directamente no justificado (22.597,25 euros) y el importe incluido en la cuenta justificativa fiscalizado de disconformidad por la Intervención General Municipal, que asciende a la cantidad de 28.378,10 euros.
Alegaciones al acuerdo 2021
Los socialistas presentaron alegaciones al acuerdo del año 2021 que les reclamaba por primera vez el reintegro de esos casi 51.000 al considerar al entender la Intervención General de Fondos que no se habían justificado de manera conveniente. En contra ese acuerdo, el PSOE volvió a presentar alegaciones en el enero de 2024 solicitando la suspensión de la ejecución del acto administrativo, y son las que ahora han sido desestimadas. Precisamente, el informe rechaza todas ellas al considerar que se presentan tarde y que la validez del acuerdo de la junta de gobierno local y del Pleno está por encima del recurso del PSOE.
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