El abogado de la familia del soldado Carlos León señala que la imputación de los tres mandos confirma las "negligencias"

El abogado de la familia del soldado sevillano Carlos León ha confirmado este viernes la imputación del capitán, de un teniente y de un sargento de la Brigada Guzmán el Bueno X por la muerte del hijo de sus representados y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez. Un hecho que, a su parecer, y tras estudiar el auto, confirma la versión que hace unos días ofreció sobre los fatídicos hechos que ocurrieron durante las maniobras del 21 de diciembre. El letrado, Luis Romero, insiste en que no existía línea de vida, que las mochilas no flotaban y que, además, algunos militares llevaban -por castigo- sobrepeso.

Los tres mandos están acusados, según el abogado, de un delito contra la eficacia de servicio por incumplir, presuntamente, sus deberes fundamentales como militares y causar un "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas". Así lo recoge el artículo 77 del Código Penal Militar.

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En definitiva, el juzgado togado Militar 21 de Sevilla, en opinión del penalista, no hace más que confirmar que se produjo un "cúmulo de negligencias" que resultó en la muerte por ahogamiento de los dos miembros del regimiento de infantería La Reina 2, cuando realizaban un ejercicio de paso de aguas.

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Piden el tribunal central o un penal

El juzgado militar sevillano ha decidido no decretar el secreto de sumario para las actuaciones, una decisión que el abogado agradece, pues, lo contrario, llevaría al "oscurantismo". En cualquier caso, el letrado considera que el togado militar de Sevilla no es competente para instruir el caso, debido a que la acusación pretende imputar a toda la cadena de mando.

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De esa forma, Romero insiste en que el caso se redirija a la vía penal. Para ello, presentará, junto a las otras dos acusaciones, un recurso. En todo caso, de seguir en la jurisdicción militar, cree oportuno que recaiga en el tribunal militar central, en Madrid, para imputar al teniente coronel y al general. Los otros dos abogados también barajaban esa posibilidad.