ESTIMACIÓN DE GESTHA
El 16% de los arrendamientos de vivienda en Córdoba no se declara
Gestha apunta que la actividad sumergida en el alquiler de larga duración ha bajado a la mitad en dos años
Más de 19.000 cordobeses declaran a Hacienda un beneficio medio de 2.729 euros
Carteles en la fachada anuncian el alquiler de una vivienda en Córdoba. / MANUEL MURILLO
Córdoba es la provincia andaluza con menos alquiler de vivienda permanente sumergido, con un 16% sobre el total de esta actividad frente al 20% estimado para la comunidad autónoma. Se trata de la aproximación que realiza el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que con los últimos datos disponibles, los relativos a la declaración del Impuesto de la Renta de 2021, apunta que la actividad sin declarar tiene un mayor peso en Andalucía en provincias de costa como Almería (casi el 22%) y Málaga (21,2%).
Desde hace años, Hacienda adopta diferentes medidas para vigilar los arrendamientos no declarados tanto en viviendas permanentes como en inmuebles destinados al turismo. Esta labor ha permitido que el fraude se reduzca de manera significativa en Córdoba. Según el análisis de Gestha, en 2019 casi una tercera parte de los pisos alquilados (el 32%) escapaba al control de la Agencia Tributaria, por lo que en apenas dos años el porcentaje ha bajado a la mitad.
Para realizar esta aproximación, el sindicato toma como referencia los alquileres declarados al fisco y la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre viviendas alquiladas de forma permanente. No obstante, también recuerda la dificultad de realizar esta operación, ya que junto a otros factores que podrían influir en el resultado, existe la posibilidad de que, por ejemplo, un contribuyente cordobés declare el arrendamiento de un piso que posee en cualquier otra provincia y viceversa.
Los datos del IRPF de 2021 indican que Córdoba tiene 19.368 arrendadores de vivienda de larga duración, que obtienen un rendimiento neto medio de 2.729 euros (este es el beneficio de la actividad, la diferencia entre la renta del alquiler y los gastos que no repercuten al inquilino) sin tener en cuenta la reducción fiscal del 60% que Hacienda les ha aplicado hasta el momento.
Andalucía tiene un total de 234.435 propietarios que informan de sus arrendamientos y en este caso el beneficio es un 31% superior al obtenido en Córdoba. Los mayores rendimientos se obtienen en Málaga, donde 58.352 arrendadores de vivienda habitual ingresan una media de 4.431 euros.
En cuanto al resto de los territorios de la comunidad autónoma, en Sevilla no se declara el 20% de la actividad y el beneficio de quienes sí la han regularizado es de 3.706 euros. En Jaén, también una quinta parte de los alquileres de vivienda son sumergidos y se obtienen 2.443 euros. Por detrás se sitúan Granada, con un 19% de arrendamientos en B y 3.239 euros; Cádiz, con un 18% de fraude y 3.781 euros; y Huelva, con casi otro 18% y 2.698 euros de rendimiento medio declarado por los propietarios de las viviendas. El ranking nacional de Gestha (que no incluye Navarra y País Vasco) señala que la comunidad autónoma con más alquiler de vivienda permanente en negro es Islas Canarias, donde una cuarta parte se realiza sin declarar. Le siguen, con un 23% de fraude, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha.
La reducción fiscal se eleva al 90%
Los propietarios de viviendas cuentan desde este año con nuevos incentivos al alquiler que afectan a los contratos realizados desde el pasado 1 de enero. La Agencia Estatal de Administración Tributaria recuerda que se pasa de una reducción fiscal del 60% sobre el rendimiento neto obtenido a otras que pueden alcanzar el 90% cuando el arrendador de un inmueble ubicado en una zona tensionada formalice un nuevo contrato de alquiler con una bajada de, al menos, un 5% en el precio.
La horquilla de la reducción fiscal oscila, por tanto, entre casi la totalidad del beneficio y el 50%. Los propietarios optarán a una disminución del 60% cuando hayan rehabilitado la vivienda en los dos años anteriores al alquiler, pero esta podrá ser del 70% cuando incorporen al mercado pisos destinados al alquiler en zonas tensionadas y los inquilinos tengan entre 18 y 35 años de edad.
Las administraciones estatal y autonómica contemplan, asimismo, deducciones para los arrendatarios, pero la del Estado solo es aplicable a contratos antiguos.
Respecto a las medidas desarrolladas por Hacienda para evitar el fraude en los alquileres de vivienda, tanto de larga duración como turísticos, cabe destacar que en el primer caso algunos de las principales situaciones comprobadas por el fisco son la declaración de un inmueble como vivienda habitual cuando otra persona, el inquilino, declara el alquiler del mismo inmueble; los gastos de conservación y mejora (reformas), y la aplicación de la reducción fiscal del rendimiento neto a inmuebles destinados al alojamiento turístico o locales. En ocasiones, Hacienda recibe denuncias de los inquilinos que informan de que el alquiler no ha sido declarado por parte del arrendador y las analiza de forma individualizada. Por otra parte, el depósito de fianzas también le permite detectar alquileres no informados.
En materia turística, realiza visitas en determinadas zonas y comprueba el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los arrendadores.
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