Empiezan a llegar las primeras reclamaciones de afectados por el inservible plan del sistema de recogida neumática

Las comunidades de vecinos con sus viviendas radicadas en las zonas donde empezó a aplicarse el plan de recogida neumática de basura, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya han empezado a reclamar ante el Ayuntamiento de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Son varios los despachos de abogados que se han puesto manos a la obra y que ya trabajan en las reclamaciones patrimoniales que los vecinos presentarán ante la administración. Este periódico ha contactado con Manuel Carrasco, de Lanvèrt, Laura Rodríguez Rebollo de Abla y Sara Isabel Prieto de Rich y Asociados y con Cecilio Valverde (este último, además, defendió a los promotores que denunciaron la instalación de la central de recogiday que acabó con la anulación de todo el plan).

Todos los despachos citados llevan casos de comunidades de vecinos afectadas, radicadas en la zona de expansión, es decir, en poniente. Coinciden en que la reclamación patrimonial tiene que hacerse ante la administración, que fue la que aprobó el plan de recogida, que buscaba un sistema que debía permitir a los vecinos que depositaran la basura en unos locales instalados en su bloque, desde donde sería aspirada por unas conducciones y llevada a una planta donde se procedería a su tratamiento. En la mayoría de urbanizaciones se construyeron los buzones para depositar la basura y un local desde donde debía ser absorbida hasta llega a una central de recogida.

El TSJA aclara que el plan especial de recogida neumática de basura de Córdoba es nulo en su totalidad

La fórmula

La figura que se está usando en este caso es la de la reclamación patrimonial, es decir, solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En pocas palabras, reclamar al Ayuntamiento el dinero que tuvieron que poner de más cuando compraron los pisos por contar con un sistema que nunca ha funcionado ni tiene visos de funcionar. Se podría pedir la puesta en marcha del sistema, pero para eso habría que redactar un nuevo plan desde Urbanismo, dado que el que había fue declarado nulo en su totalidad por el TSJA.

La figura de la reclamación patrimonial exige que el daño sea «efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas» por lo que las reclamaciones vienen de la mano de periciales que están contabilizando en cuánto estaría valorada esa reclamación. Según las fuentes consultadas, serían entre 120.000 y 125.000 euros por urbanización.

La administración, una vez recibe la reclamación, tiene seis meses para contestar. Si no lo hace, se entiende que existe un silencio negativo y, a partir de ahí, todos los abogados consultados explican que ya habría que recurrir a la judicialización del asunto e ir por la vía contencioso-administrativa.

La responsabilidad con la recogida neumática

Petición para quitar la instalación

A ello habría que sumar otra petición que barajan algunos de los despachos de abogados, pedir que la instalación de recogida neumática que hay en las urbanizaciones se quite porque son metros que no se están aprovechando y se podrían dedicar a otro fin.

Las reclamaciones están empezando a llegar ahora porque el 14 de noviembre se cumple un año desde que el TSJA declaró nulo el plan. Todos los despachos consultados entienden que no es una fecha límite, sino una forma de no pillarse los dedos, porque además, tras la sentencia, vino una aclaración meses después.

Lo que habrá que demostrar

Lo que los vecinos, a través de sus abogados, deberán demostrar ahora es que es la administración, bien el Ayuntamiento bien Urbanismo, estaba exigiendo algo que sabía que no iba a funcionar. Es la parte complicada del caso, aunque como referencia todas las fuentes consultadas citan la época de Luis Martín (PP) al frente de la Gerencia en el que muchas instalaciones no se llegaron a construir y se cubrían con avales, lo que podría demostrar que se sabía lo complicado que era el plan.

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