EN LO QUE VA DE AÑO, HA REALIZADO 33 ACTUACIONES

Urbanismo recibe una media de cuatro denuncias al mes por deficiencias en viviendas de Córdoba

Policía Local, bomberos, vecinos y vigilantes de obras son los alertantes habituales en estos casos

Entre las actuaciones, destacan la Casa de Paso en la plaza de La Lagunilla y la del cine Osio

Vivienda apuntalada en el casco histórico por daños en su estructura.

Vivienda apuntalada en el casco histórico por daños en su estructura. / MANUEL MURILLO

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Una teja a punto de caer, una cubierta en mal estado, un techo que se resquebraja, solares sin vallar que suponen un peligro para los viandantes, cornisas, muros medianeros y fachadas a punto de desplomarse o balcones en mal estado. Estas son algunas de las razones que motivan la apertura de un expediente por deficiencias en viviendas por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba. En lo que va de año, la Oficina de Ruinas ha registrado 33 alertas por deficiencias de este tipo en distintos inmuebles, lo que supone una media de cuatro denuncias mensuales, una cifra más baja que otros años en los que se han llegado a acumular hasta 10 expedientes al mes.

La barriada de Santa María de Trassierra y distintos puntos del centro y casco histórico de Córdoba como la calle Armas, las calles Adarve, Juan Rufo, Juan de Mena, San Agustín, San Fernando o Tejón y Marín son las zonas donde se han producido más denuncias este año. Uno de los casos más sonados fue el ocurrido en enero en la plaza de la Lagunilla, donde un informe de bomberos y Policía Local obligó a desalojar a los moradores de la Casa de Paso y apuntalar el inmueble por el peligro de derrumbe que sufría.

Por lo que respecta a edificios de titularidad pública, el informe facilitado por Urbanismo señala una actuación en el cine Osio, en Cañero, en el mes de marzo, por peligro de caída de cascotes. La denuncia por parte de los vecinos tuvo lugar dos meses antes de que el Ayuntamiento iniciara las obras de la primera fase de reforma de este espacio, con la rehabilitación de la fachada y las cubiertas. Un mes antes de la alerta, Urbanismo había anunciado una actuación de urgencia para reconvertir el cine en un auditorio con una reforma integral que aún no se ha completado. 

En el mismo barrio, el IES Santa Catalina de Siena alertó de la existencia de balconadas en mal estado en viviendas de la calle Las Pulidoras mientras que el pasado mes de mayo la Gerencia recibió el informe elaborado por un vigilante de obras por varios solares sin vallar y en mal estado.

Informes de bomberos, Policía Local, vecinos y vigilantes

Las denuncias de particulares, de bomberos, Policía Local, vecinos y vigilantes son las vías habituales para que Urbanismo proceda a realizar actuaciones de tutela, que generalmente atienden a cuestiones menores que pueden causar problemas más graves si no se remedian. Los propietarios del inmueble son los responsables de realizar las labores de mantenimiento y rehabilitación necesarias para subsanar cualquier desperfecto, por lo que, cuando se detecta alguna deficiencia, son requeridos por la autoridad para acometer la obra correspondiente. En caso de que no se acredite en el tiempo previsto el arreglo de los desperfectos, se procederá a dictar una orden de ejecución.

Según la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de Córdoba, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento es el encargado de ejecutar las intervenciones y medidas preventivas en los edificios, en colaboración con Urbanismo y con apoyo, si es necesario, de la Policía Local. 

Si expira el plazo otorgado para el cumplimiento de los trabajos ordenados en un inmueble sin que se hayan iniciado o finalizado las obras concretadas en las órdenes de ejecución, el órgano competente podrá iniciar de oficio o a instancia de interesado el procedimiento para declarar el incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar. Para ello, Urbanismo realiza un informe técnico con todos los detalles de la actuación, incluido el presupuesto estimado, y se dicta una resolución por el incumplimiento, que se notifica a la propiedad.

La ordenanza prevé, entre otras medidas coercitivas, la imposición de hasta diez multas por valor máximo del 10% del coste de la obra y la expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación. 

Asimismo, la norma establece que, en situaciones de urgentísima necesidad o grave peligrosidad para las personas y/o los bienes, los servicios municipales podrán ejecutar intervenciones directas sin previa tramitación del procedimiento administrativo. En todo caso, los gastos de las intervenciones que se realicen serán a cargo de la propiedad del inmueble

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