Vecinos en alquiler de AVRA afirman que “hay que estudiar caso por caso”

Comer o pagar el alquiler, pagar el alquiler o vivir gratis. Las viviendas públicas de alquiler social llevan años siendo un problema de difícil solución al que nadie es capaz de colocar el cascabel. Situadas en su mayoría en barrios de renta baja, destinadas a familias vulnerables, en los mismos bloques conviven una amalgama de vecinos entre los que hay trabajadores o pensionistas que tienen como prioridad el pago de su cuota y la abonan, personas que se retrasan en sus obligaciones porque no llegan a fin de mes y que pagan según les vienen dadas y también jetas profesionales que, pudiendo pagar, no pagan ya sea porque oficialmente son insolventes, aunque en casa tengan más dinero que el resto, o porque confían en que su mal hábito no tendrá ninguna consecuencia. Según la asociación de vecinos de Palmeras, en el mismo hábitat hay también ocupas profesionales, ocupas por desesperación, familias múltiples hacinadas bajo cuatro paredes y, según Endesa, plantaciones de marihuana gestionadas por mafias disfrazadas de vecindad. En estos pisos, construidos para alojar a familias con escasos recursos, apenas hay rotación, lo que hace que haya muchas viviendas en las que cohabitan hasta tres núcleos familiares de padres e hijos, todos ellos aspirantes a un piso nuevo que no llega porque el parque público de vivienda de Córdoba no crece al mismo ritmo que la demanda.

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Respecto a los pagos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta establece que los inquilinos, además de la fianza inicial, abonen el alquiler (una cuota por debajo de mercado ), la cuota de la comunidad y, a diferencia de un alquiler normal y pese a que los habitantes de estos pisos tienen menos ingresos que la media, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que normalmente paga el propietario.

El 10% de la deuda

En este contexto, Antonio Fernández Chache, representante vecinal que actúa como mediador entre AVRA y los morosos de Palmeras y Moreras, asegura que «el problema es muy gordo» y que la solución pasa por «estudiar caso por caso de forma individualizada». Según Chache, la Junta ha llamado a negociar a algunos deudores, «a quienes pide un primer pago del 10% de la deuda y luego un recibo nuevo y uno atrasado». 

El 10% de la deuda acumulada, que en muchos casos asciende a 10.000 o 20.000 euros, puede estar entre 500 o 2.000 euros, «cantidades que muchos vecinos realmente no pueden pagar», señala, «así que siguen sin pagar y la bola cada vez se hace más grande».

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Consciente de la variedad de casos que existen entre los pisos alquilados, Chache asegura que «hay quien no paga porque no puede y quien puede y no paga porque no le da la gana» y por eso cree que «hay que ser conscientes de la vulnerabilidad de muchas familias y no tratar a todos igual». Critica a la Junta «porque no siempre está dispuesta a sentarse para negociar» y también a los vecinos que «después de negociar y comprometerse a unos pagos, no cumplen lo acordado». Y es que, recalca, «algunos firman los acuerdos por miedo, para dar al problema una patada adelante, pero saben de antemano que no podrán pagar». También señala que «el 90% de las viviendas que se están quedando vacías se adjudican a familias de otros barrios en lugar de dar salida a las que están en lista de espera hacinadas en pisos de Palmeras o Moreras y que quieren pagar el alquiler». 

Chache considera que es necesario construir más viviendas públicas en Córdoba porque «no se puede desvestir un santo para vestir a otro como ha ocurrido con una familia de Palmeras con dos niños a los que han desahuciado para meter a otra familia, porque si no tiene recursos, acabará ocupando otra vivienda». Para los vecinos que pagan, también es injusto «porque la morosidad es muy grande y la Junta se desentiende de las tareas de mantenimiento». De ahí que haya «muchas viviendas, patios, escaleras y demás zonas comunes que están que se caen», sentencia.

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