Tres de cada diez inquilinos de la Junta de Andalucía en Córdoba no pagan el alquiler social

El 35% de los 5.690 inquilinos que tiene la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Córdoba en régimen de arrendamiento no pagan la cuota, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. El parque de vivienda pública de la capital concentra casi 3.500 pisos en tres de los barrios más pobres de España, Las Palmeras, Las Moreras y Guadalquivir, y apenas se ha ampliado en la última década. En este contexto social, desde 2018 hasta 2022, la evolución de la morosidad refleja una deuda crónica anual de entre 1,7 y 1,8 millones de euros y una bolsa de unas 2.000 familias que no pagan el alquiler. En cinco años, el montante total de deuda asciende a 8,9 millones, una situación que se debe en cierta medida, según la Junta, a la presencia de determinados inquilinos que tienen deudas acumuladas de varios años, algunos con demora de más de diez ejercicios.

Para reclamar el dinero pendiente de cobro, y teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de las familias que viven en el parque público, la Junta lleva a cabo un proceso de notificaciones y formalización de compromisos de abono con los inquilinos, según transmite la institución, tras una visita de inspección del estado del inmueble en la que plantean la negociación personalizada y posibles ayudas para establecer un compromiso de deuda flexible. El objetivo en esta primera fase es «facilitar que las familias permanezcan en su vivienda, pero cumpliendo su obligación de pago».

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Si se incumple injustificadamente el compromiso adquirido, y «vista la falta de interés en hacer frente a su situación pese a las facilidades que se le hayan ofrecido», la Agencia da el paso siguiente y reclama judicialmente la cantidad pendiente. Según los datos ofrecidos por AVRA, esta medida se adopta en casos muy extremos, ya que habiendo 2.000 inquilinos morosos anuales, entre 2018 y 2022 se han tramitado solo ocho expedientes de desahucio.

La situación de morosidad no es exclusiva de Córdoba. En Andalucía, AVRA tiene 48.834 viviendas públicas de alquiler y una media de 17.000 con impagos cada año que han generado en el último lustro una deuda de 72 millones de euros, a razón de entre 14 y 15 millones anuales. El protocolo que sigue la Junta para reclamar las cantidades es el mismo en todas las provincias, según la información facilitada. En cinco ejercicios, se han tramitado 20 expedientes de desahucio por impago en toda Andalucía.

La convivencia en los mismos bloques de inquilinos que pagan e inquilinos morosos, con o sin justificación por su situación económica, tiene por contrapartida la deficiente situación de mantenimiento en que se encuentran no solo las viviendas en sí sino las zonas comunes. Prueba de ello son reclamaciones como la presentada al Defensor del Pueblo Andaluz en 2021 en la que los afectados relatan que «debido a que gran parte de los vecinos no paga nunca las cuotas de la comunidad y que hay viviendas vacías y ocupadas, se ha clausurado el ascensor, no hay alarma antincendios y tenemos destrozos en puertas exteriores y zonas comunes». En este caso, el Defensor exigió a la Junta que como propietaria asuma sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de reclamar la deuda que corresponda, para que no recaigan sobre los inquilinos que sí pagan su cuota.

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Al impago de morosos se suma la presencia de inmuebles ocupados por personas que en muchos casos llegan a pagar a sus titulares para entrar a vivir. En mayo de 2022, los últimos datos disponibles, AVRA tenía algo más de un centenar de pisos en situación irregular por ocupación o uso indebido como no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente del adjudicatario con expediente abierto para su desalojo.

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