Más de 18.000 familias reciben en Córdoba el ingreso mínimo vital

Un total de 18.049 familias cordobesas se han beneficiado desde junio de 2020 hasta marzo de 2023 del ingreso mínimo vital (IMV), según los datos actualizados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan cómo el 72,3% de los hogares beneficiarios, 13.055, tenían a una mujer como titular.

De los 18.049 hogares que han recibido la ayuda, solo 3.096 eran unipersonales, frente a 1.125 formados por dos adultos, 400 con tres mayores de 18 años y 152 con más de cuatro. En el resto, hay al menos un menor. De ahí que más de la mitad de los hogares que perciben el ingreso mínimo vital, 11.526, reciban la prestación complementaria para ayuda a la infancia. Este complemento entró en vigor en enero de 2022 y supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. Una vez aprobada la ayuda, el Estado ingresa la cantidad convenida en función de la situación familiar de forma mensual, con un pago inicial en el que se ingresan los atrasos correspondientes desde la fecha de solicitud hasta el momento en que se hace efectiva. Si persisten las circunstancias económicas y familiares, no es necesario renovar la solicitud pasado un tiempo, se mantiene sine die con la condición de presentar la declaración de la renta cada año. La ayuda es compatible con la Rais y con un empleo, siempre que los ingresos no superen el tope establecido.

Testimonio | Desde octubre sin cobrar el ingreso mínimo vital por una ayuda a la comunidad

Con una media de tres miembros por familia, el número total de personas beneficiadas por las ayudas en la provincia representa apenas el 7,7% de la población total, 54.028 personas, de las cuales 31.064 eran adultos y 22.964 menores. Córdoba es la quinta provincia en número de prestaciones concedidas, después de Granada (21.146), Málaga (27.685), Cádiz (31.347) y Sevilla (46.643).

Dos de las entidades cordobesas que ayudan a las familias a tramitar el ingreso mínimo vital son Encuentro en la Calle, con sede en el barrio del Guadalquivir, y la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), en la zona de Levante. Según Hugo R. González, agente de innovación local de la primera, la tramitación se ha acortado, pero desde que se lanza la solicitud hasta que se ingresa la prestación pasan de media de 6 a 8 meses. «Uno de los problemas que nos seguimos encontrando es que las familias que sufren una situación sobrevenida no pueden acogerse a la ayuda porque para concederla se tienen en cuenta los ingresos del año anterior, cuando la economía familiar podía ser buena», explica. La ayuda no está vinculada a un plan de búsqueda de empleo, pero, además, supone en algunos casos un acicate para la economía sumergida. «Si una familia está cobrando una cantidad fija y le ofrecen un contrato que no es indefinido y con condiciones regulares, lo más seguro es que lo rechace porque puede perder la ayuda», explica, «salvo que el empleador pague en negro y no conste ese ingreso».

En eso coincide Lourdes Ruiz, trabajadora social de Anfane, que atiende a un perfil muy variado de familias. En su oficina ve «personas que cobran 1.200 euros y se relajan y ya no buscan trabajo, hay quien se sabe las ayudas antes de que se hayan publicado en el BOJA y también hay gente que acude en el último extremo y que lo solicitan con vergüenza». Ruiz apunta también que «cada vez hay más personas jóvenes de entre 25 y 35 años que se han independizado y se han quedado en el paro o tienen salarios bajos y se les acumulan los pagos de la hipoteca con la subida del euríbor». La mayoría, añade, «son familias con hijos y personas de cierta edad desempleadas que ya no encuentran trabajo».

Según Anfane, la tramitación del ingreso mínimo sigue siendo complicada para alguien que no sepa utilizar las nuevas tecnologías. Además, conocer el estado real de tu expediente resulta complicado. «Si lo miras en internet, aparece siempre que está en trámite y acudir a la Seguridad Social en persona es muy complicado porque apenas hay citas telefónicas y las presenciales las están dando para dentro de tres meses», comenta Ruiz, que considera que debería agilizarse, «ya que hablamos de familias que recurren al IMV porque están en situación muy vulnerable».

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