Medio centenar de parcelaciones de Córdoba quiere legalizarse o tener servicios

Medio centenar de parcelaciones o núcleos residenciales, de los 125 identificados en el Plan General de Ordenación Urbana, está en contacto con la Oficina del Territorio de la Gerencia Municipal de Urbanismo para avanzar en la legalización del suelo o en la dotación de servicios básicos. De estas, unas 15 o 20 se encuentran en disposición de seguir negociando soluciones a corto plazo, aunque «si se avanza en los cambios relacionados con la Lista (Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) seguiría aumentando este número», en opinión del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia.

En los últimos días, la comisión de periferia (promovida por el CMC y la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara) ha mantenido una reunión en la que ha determinado las propuestas que realizará al Ayuntamiento de Córdoba acerca del trabajo de la oficina creada el año pasado. «A partir de febrero, tiene que iniciarse una segunda ronda de reuniones donde la actitud de la oficina tiene que ser más proactiva», avanza este representante vecinal, aludiendo a la necesidad de «buscar la superación de los problemas conjuntamente».

«En la medida que algunos procesos avancen, el resto de la gente se animará. Después de 20 años (el PGOU es del 2001), hace falta asegurar que se puede avanzar», añade en referencia al posible desencanto tras dos décadas en las que no se ha legalizado ninguna urbanización de las reconocidas en aquel momento.

Unas cinco podrían aspirar a la legalización

Las estimaciones del CMC apuntan que del medio centenar de parcelaciones interesadas activamente en que su situación progrese, cinco o seis podrían aspirar a la legalización a corto plazo, entre las que se encuentran Cuevas de Altázar, El Sol, Alamillo, Torreblanca y La Gorgoja 1. Otras siete u ocho podrían aspirar a la dotación de servicios y en este grupo aparecen la zona de Los Girasoles y La Florida, Maravilla del Aeropuerto y Campiñuela Norte. 

Por otra parte, la ciudad tiene unas 10 entidades de conservación activas, pero algunas de ellas «han cumplido su función suficientemente», por lo que se plantea al Ayuntamiento que reciba la urbanización y se encargue de su conservación. Han solicitado este nuevo paso Santa Ana de la Albaida, Carrera del Caballo y Llanos de Arjona. 

La comisión de periferia propondrá que las nuevas reuniones de la Oficina del Territorio se celebren atendiendo al tipo de necesidad que plantea cada núcleo. Así, además de las ya referidas, Juan Andrés de Gracia comenta que existe un cuarto grupo con el que trabajar: el de aquellos núcleos condicionados por su calificación como suelo de especial protección, muchos de ellos, localizados en la sierra y algunos, en la vega.

El reglamento de la Lista introduce modificaciones en esta materia y De Gracia detalla que, si bien hay zonas de especial protección que deben continuar como tal, hay suelos preservados por otros intereses, por ejemplo, por tener riesgo de inundación, y «la norma marca que no tienen que estar especialmente protegidos, sino presevados. Pueden avanzar hacia la dotación de servicios, al menos, si incluyen en sus propuestas soluciones a esos riesgos. El Ayuntamiento les puede autorizar las obras», explica. 

Nuevas posibilidades en la vega

En este caso, el presidente del CMC alude a modo de ejemplo al suelo de especial protección de la vega, sobre el que comenta que «para nosotros, ya no tiene utilidad agrícola como tal», por lo que un primer paso sería facilitar a las viviendas el acceso a los servicios y «ya se verá si se pueden incorporar a la posibilidad de regularización», avanza.

En esta línea, también anticipa que «vamos a incidir en las modificaciones o adaptaciones que habrá que hacer en el PGOU siguiendo lo que marca el nuevo reglamento. Hay cambios que tiene que realizar el Ayuntamiento para poder aplicar parte de las cuestiones que permite. Es el momento de que se plantee cuáles son esos cambios», valora.

En otro orden de cosas, este representante vecinal admite que «en algunas cuestiones, posiblemente coincidamos (con la GMU) en que hay que pedir aclaraciones o instrucciones a la Junta. Hay cuestiones, sobre todo, de carácter económico que plantean distorsión en el avance de los procesos», advierte. 

Juan Andrés de Gracia recuerda que de 125 parcelaciones, el PGOU solo permite legalizar una treintena, pero unas 70 u 80 sí tendrían la posibilidad de acceder a servicios con el tiempo. Otro grupo de unos 15 núcleos no podrían aspirar a tener servicios básicos por ubicarse en lugares muy protegidos o, por ejemplo, dentro de un cauce.

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