El Colegio de la Abogacía abre un buzón 'online' para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), ha anunciado la puesta en funcionamiento de un buzón online para que abogados y profesionales del Derecho de toda la provincia denuncien o interpongan sus quejas respecto a lo que consideren vulneraciones de los derechos. De esta forma, pretende establecer una interlocución directa con la Administración sobre situaciones que entrañen dificultades de defensa.

Esta herramienta se puso en marcha el pasado 14 de noviembre y, desde entonces, el Colegio de la Abogacía ha recibido una veintena de denuncias. Los escritos han permitido hacer una radiografía de las realidades que preocupan y que pasan, principalmente, por la desatención a ciertos colectivos, como personas mayores, con diversidad funcional o con algún trastorno mental. Tampoco pasan desapercibidos la situación de vulnerabilidad de los niños en los asentamientos chabolistas en torno a la capital, las demoras de la justicia o el estado de instalaciones como la comisaría de Campo Madre de Dios de la Policía Nacional.

La diputada responsable de la Comisión de Derechos Humanos, Berta Aparicio, se ha mostrado convencida de la utilidad de este buzón. Entre otras cosas, por "la posición privilegiada para detectar determinadas realidades que muchas veces rozan la vulneración de derechos” en la que se encuentran los abogados. A pesar de los avances en materia de derechos humanos, considera que "siguen existiendo ciertos derechos de la ciudadanía que requieren una protección más óptima por parte del Estado". Por eso, desde el Colegio de la Abogacía buscan "visibilizar esas situaciones" para "ejercitar las acciones que procedan para intentar dar respuesta a las mismas”.

Exclusión de mayores y colectivos vulnerables

Hasta el momento, los abogados cordobeses han hecho hincapié en la exclusión del mundo digital que sufren las personas mayores y las personas con diversidad funcional, algo que impide su acceso a las administraciones y sus servicios. “Hablamos de personas mayores o de contextos de exclusión, que no tienen capacidad para participar en este nuevo modelo de administración dependiente de internet y de las nuevas tecnologías”, ha concretado la diputada.

El Colegio, tras atender a las denuncias, no solo apunta a los bancos -puestos en entredicho por este motivo-, sino que se refiere a otras entidades e instituciones. Las personas con diversidad funcional “podrían tener un mejor acceso a la justicia, al abogado, a las resoluciones judiciales y a una más fácil comprensión, entre otros, para localizar las oficinas judiciales de cada juzgado, como así lo demuestran experiencias piloto de otras comunidades”, asegura Aparicio.

Otro problema de acceso a la Administración supone, según ha explicado la diputada, "el abuso en la exigencia de atención con cita previa". En esta caso, ha señalado directamente a instituciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Siguiendo esa línea, también llama la atención la reorganización de la Administración tras la pandemia de covid-19. Una reestructuración, según apunta el colectivo, que deja al ciudadano sin respuestas a causa de teléfonos desatendidos, registros, como el de parejas de hecho, que no funcionan como deberían o retrasos en la tramitación de expedientes en la oficina de extranjeros.

La abogacía señala también que existe cierta desatención de personas con trastornos mentales. Según Berta Aparicio, se “ha puesto de manifiesto que la desatención sanitaria, social y jurídica que padecen muchas de estas personas, provoca no solo el empeoramiento de su patología sino también que acaben enfrentándose a una situación social de auténtica exclusión y desamparo”. En este caso, la diputada ha hablado de las personas sin hogar o personas que entran a prisión sin una detección previa de patologías. Colectivos, si cabe, más vulnerables ante esta situación.

Chabolas, calabozos y atascos en Justicia

Los propios profesionales del Derecho no han dejado pasar la oportunidad de elevar una queja por diversas situaciones de la propia Administración de Justicia. Especialmente, preocupan las demoras para la ciudadanía de algunos juzgados, sobre todo de lo Social, de Derecho de Familia o el de lo Penal nº 6, que juzga los asuntos de violencia de género. “Al margen de que la causa no sea imputable a los mismos, lo cierto es que el ciudadano ve lesionados sus derechos fundamentales”, ha explicado Berta Aparicio.

Otro aspecto a tratar, según las denuncias recibidas, es la “inexistencia de intérpretes para comunicar determinadas resoluciones administrativas, algunas tan trascendentes como la de declaración de situaciones de desamparo. E incluso la imposibilidad de comunicarse en su lengua nativa padres e hijos, una vez incursos en estos procesos”. 

Los abogados han mostrado, también, su preocupación por el estado en el que se encuentran los calabozos de la comisaría Campo Madre de Dios de la Policía Nacional. El colectivo considera necesario un traslado de ubicación a un espacio que garantice un mejor servicio en lo que se refiere a espacio, ventilación y luz. El buzón ha servido, incluso, para poner el foco en los asentamientos chabolistas situados en torno a Córdoba (alrededores del Polígono de Chinales, salida de la carretera de Granada, entorno de Carrefour-Levante o el margen derecho de la Autovía de Madrid) y en los menores de edad que viven allí en condiciones, como indican, de insalubridad y carencia de servicios esenciales.

En última instancia, la diputada responsable de la Comisión de Derechos Humanos ha agradecido este viernes, en el Colegio de la Abogacía, a los compañeros de profesión su participación por demostrar compromiso y ha animado a todos los profesionales a que participen en esta iniciativa que considera necesaria.