La ciudad de Córdoba comenzará el año 2023 sin tener definidas sus zonas de bajas emisiones, es decir, zonas donde solo puedan acceder a ellas vehículos poco contaminantes. La capital cordobesa no será la única. De hecho, ha sido una reclamación de la Federación Española de Municipios de Córdoba (FEMP) que se ampliara el plazo para la entrada en vigor de estas áreas que está previsto para el próximo 1 de enero. El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha expresado este lunes a Diario CÓRDOBA su preocupación por lo imperativo de los plazos, toda vez que sólo el recorrido administrativo implica un mínimo de cuatro meses entre la elaboración de los textos de la ordenanza (la de Córdoba está en pleno trámite para su aprobación), los informes preceptivos de los servicios de intervención y jurídicos, o el periodo de información pública.
De momento, la nueva ordenanza de movilidad solo habla de pasada de las zonas de bajas emisiones. El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) pidió precisamente la semana pasada que se incluyan en la norma municipal y que se avance en su implantación.
La ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la Declaración de Emergencia Climática, entre otras normas, obliga a las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes de España, Córdoba incluida, a establecer antes del 2023 zonas de bajas emisiones urbanas (ZBE) y planes de movilidad urbana sostenible para mitigar las emisiones de gas. El objetivo es alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero sean iguales o menores a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta.
Para la implantación de las zonas de bajas emisiones se han habilitado dos partidas de Fondos Europeos. Una primera convocatoria, año 2021, de 1.000 millones de euros para municipios mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia, municipios mayores de 20.000 habitantes siempre que tengan más de 36.000 unidades catastrales y dispongan de servicio de transporte público, y agrupaciones de municipios siempre que todos los municipios de la agrupación cumplan las características anteriores. Y una segunda convocatoria, de este año, con una partida de 500 millones de euros y los mismos beneficiarios que la anterior. En total 1.500 millones de euros que, de no ampliarse los plazos, como pide la FEMP, podrían quedarse sin ejecutar.
De momento, el Ayuntamiento de Córdoba acaba de adjudicar el pasado día 25 de noviembre un contrato menor de asistencia técnica para la redacción del proyecto de definición de las zonas de bajas emisiones. La licitación se ha adjudicado a la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad (Doymo) SA por un importe de 12.039 euros (IVA incluido). El jefe del departamento de Movilidad, Máximo Ojeda, es el responsable de este contrato que tiene un plazo de ejecución de 8 meses. Así las cosas, al menos hasta el 25 de julio del 2023 Córdoba no tendrá disponible el estudio y por tanto no tendría definidas sus zona de bajas emisiones, si bien --y aunque no tendrían por qué coincidir 100%-- funcionan desde años las zonas de limitación de tráfico Acire. Estas zonas de movilidad restringida cuentan con dispositivos automáticos que solo dejan pasar a los vehículos con permisos.
