La ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la Declaración de Emergencia Climática, entre otras normas, obligará a las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes de España, Córdoba incluida, a establecer antes del 2023 zonas de bajas emisiones urbanas (ZBE) y planes de movilidad urbana sostenible para mitigar las emisiones de gas. El objetivo es alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero sean iguales o menores a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta.
Para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesaria la implantación de medidas que afecten a uno de los principales responsables de las emisiones de gases, el tráfico, que no solo perjudica la calidad del aire, sino que afecta al ruido y a la calidad de vida de los ciudadanos (según la OMS, nueve de cada diez personas respiran aire altamente contaminado). Es ahí, entre otras medidas, donde aparece la zona de baja emisión (ZBE), pero ¿qué se entiende por ella? «Se entiende por ZBE el ámbito delimitado por una administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones».
El Ayuntamiento de Córdoba muestra, a través de su concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, su compromiso por avanzar en la búsqueda de ubicaciones para la creación de zonas de baja emisión en la ciudad, si bien en la nueva ordenanza de movilidad --que se aprobó la semana pasada de manera provisional y se espera entre en vigor en verano-- se explica solo de pasada esta figura, sin incluir compromiso expreso a avanzar en su implantación.
El concejal, pensando ya en la normativa europea que hay que aplicar, confirma no obstante que se debe trazar un plan para implantar una de esas zonas de bajas emisiones contaminantes en la ciudad, aunque entiende que en Córdoba las zonas de circulación restringida del casco histórico (Acire), que llevan años en funcionamiento, pueden ser un buen preludio de las ZBE. La dificultad añadida es que en las segundas no solo se restringe el paso a vehículos por residencia de su usuario, sino que se prevé la limitación del acceso a los vehículos más emisores y contaminantes. «Se trabaja en ese plan y esta ordenanza permite las condiciones para que se pueda desarrollar», indica Torrico.
El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, entiende primordial que se aborde este debate en la tramitación de la nueva ordenanza de movilidad y pide que se una la nueva ordenanza a la de calidad del aire y la de ruido que ya tenía el Consistorio cordobés. Asimismo, considera que es un buen momento para redactar un nuevo plan de movilidad urbana sostenible (PMUS), que no es sino un conjunto de actuaciones que tiene como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta, transporte público) en la ciudad.
Las áreas de bajas emisiones, que se han implantado con distinto éxito y alguna polémica en ciudades como Madrid o Barcelona, quieren influir sobre todo en desplazamientos de corto recorrido donde las medidas de gestión de la movilidad actúan con objeto de promover modos de desplazamiento o tipos de vehículos más sostenibles. El 5 de abril, el Ayuntamiento de Córdoba acudió a una comisión de movilidad para abordar esta cuestión en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde se aprobó un documento marco para la puesta en marcha de las ZBE. Este organismo, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y el Ministerio para la Transición Ecológica, ha redactado documentos y directrices que tienen como objeto servir de guía para aquellas entidades locales que deban diseñar e implantar una ZBE.
Tipología de ZBE y sistemas para su uso y control
No todas las zonas de bajas emisiones son iguales. Así, pueden distinguirse en principio dos grandes categorías: si afecta a un área estructural (pueden ser a su vez en núcleo o anillo) o si es complementaria (especial o puntual, es decir, por tramos de calle). En todas ellas, la extensión debe ser significativa y suficiente para el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, pueden establecerse distintos sistemas para la restricción del tráfico, desde la imposición de un peaje hasta un sistema manual en el que haya que enseñar una tarjeta o tenerla visible en el vehículo, o un sistema automático, basado en la tecnología, como la lectura automática de matrículas mediante cámaras conectadas a una base de datos de vehículos autorizados, o mediante dispositivos electrónicos de seguimiento (chips), que detectan las trayectorias de los vehículos.
