El Ayuntamiento espera un retorno de 24 millones anuales del Centro de Exposiciones de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba asumirá en una primera etapa la gestión directa del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) cuando el edificio del Parque Joyero abra sus puertas, algo que sucederá según las previsiones del alcalde, José María Bellido, a finales de mayo. El gobierno municipal convocó ayer a la comisión de estudio del CEFC para poner en común los trabajos realizados por las comisiones jurídica y económica (la social no evacuó conclusiones) y plantear cuál sería la mejor fórmula de gestión de este inmueble, algo que en última instancia deberá votar el Pleno. 

El grupo de trabajo reunido ayer (los grupos municipales, los agentes sociales, el Consejo Social y el Consejo del Movimiento Ciudadano) debatió durante unas tres horas sobre el futuro de un inmueble cuya explotación será en principio deficitaria. Por ese motivo, jurídicamente no es posible constituir --como querían PP y Cs-- una empresa municipal para su gestión, ya que la ley Montoro impide crear una sociedad pública asumiendo de partida que tendrá pérdidas. Dichas pérdidas podrían rondar entre el medio millón y un millón de euros al año, según se explicó ayer en la reunión, en función del modelo de gestión que se elija finalmente y del uso que se le dé al edificio. 

La ley Montoro dificultaría la creación de una empresa para gestionar el Centro de Exposiciones

No obstante, la clave de este edificio --como todos los de sus características-- será el retorno económico que pueda ofrecer a la ciudad. Según el informe económico encargado por el Ayuntamiento al despacho de abogados F&J Martín el impacto económico anual del CEFC podría alcanzar los 24 millones de euros. Este despacho es el que hizo también el estudio de impacto económico de la Magna Mariana. En aquella ocasión para el estudio, F&J Martín siguió los siguientes pasos: análisis de la situación del turismo, estudio de la demanda, la estimación del número de visitantes el día del evento, caracterización de los visitantes, estimación del gasto diario y cálculo del impacto económico asociado.

El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), explicó que la hoja de ruta pasa ahora por coser las conclusiones de las comisiones y elaborar un dictamen conjunto que se elevará al Pleno. La idea es que el Ayuntamiento asuma en una primera etapa la gestión directa del edificio: «Tenemos que tirar de pragmatismo y sentido común;este edificio abre a Córdoba el abanico de las ferias y exposiciones, una baza importante para el turismo que será complementaria a la actividad del Palacio de Congresos», comenta Fuentes. El edil confirma que el debate fue «crítico», pero que prevaleció el objetivo de buscar una solución rentable para Córdoba.

El PSOE critica pero con actitud "responsable"

La portavoz del principal grupo de la oposición, la socialista Isabel Ambrosio, confirmó la intensidad del debate, lamentó «las prisas a última hora» y criticó que el trabajo de las comisiones no haya sido transversal («hemos elaborado unas conclusiones económicas sin conocer si eran posible jurídicamente») o que el gobierno local apueste por una fórmula pública solo por ahorrarse los 3,5 millones del IVA de la construcción. Sin embargo y pese a esas críticas, la actitud del PSOE quiere ser «responsable» y «ayudar a buscar la fórmula que dé la mayor rentabilidad a la ciudad y que no sea un lastre». En este sentido, Ambrosio aporta ideas y propuso que en una segunda fase se cree una sociedad pública y participada y que el Ayuntamiento se abra a otras administraciones, como la Junta de Andalucía o la Diputación -- «recordemos que puso 1 millón para la obra», apunta Ambrosio-- y que pueda entrar el sector privado, ya sea con un consorcio o con una sociedad mercantil mixta. 

Voto particular de Vox

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, emitió un voto particular en la comisión económica para puntualizar su apoyo a la gestión directa en la fase de arranque, pero con personal especializado el turismo de congresos del Imtur y apunta que sería un error que el gerente cambiara cada 4 años por cuestiones políticas.

Además, para Vox deben iniciarse ya los contactos con otras administraciones cuyas aportaciones palien las posibles pérdidas de explotación de los primeros años de funcionamiento. «La propuesta de Vox es gestión directa municipal sacando a contratación externa cuantos servicios se consideren necesarios --la captación de congresos, por ejemplo-- para la óptima gestión operativa del CEFC». Esta postura constructiva no restó tampoco críticas políticas por parte de Badanelli para quien el gobierno local «ha perdido 3 años» en este asunto.

Más cáustico fue el portavoz de IU, Pedro García, que calificó la reunión de ayer de «esperpento total» y criticó al gobierno local por «no proponer nada en lo concreto». Asimismo considera que el edificio es «un muerto que nadie quiere y que vamos a pagar los cordobeses».

Movimiento Ciudadano, muy crítico

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, por su parte, Juan Andrés de Gracia, fue muy crítico al alertar de, como ha ocurrido con la Normal de Magisterio, «de repente nos encontramos con un edificio con el que no sabemos qué hacer. Fue un regalo envenenado y ahora es un muerto con el que no sabemos qué hacer». De Gracia pidió que independientemente de la fórmula, en la gestión del inmueble deberían implicarse el resto de administraciones, tal y como se planteó en un principio. Asimismo, solicitó un informe del Consejo Social de la Ciudad.