La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha convocado una huelga para el próximo 26 de enero a la que están llamados a participar 4.300 secretarios judiciales de todo el país, más de 60 en Córdoba, para reivindicar, entre otras cuestiones, su equiparación salarial con jueces, fiscales y forenses.
El portavoz de la UPSJ, Francisco Aguilar, que es el letrado del juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba, explica que son más de 600 las nuevas funciones que se han encomendado a este colectivo a través de modificaciones legislativas desde el año 2009, "en descarga, principalmente, de los jueces y magistrados, pero no nos las han retribuido, estableciendo un problema importante".
En esta línea, detalla que los letrados de la Administración de Justicia solicitan una negociación colectiva propia y el cumplimiento de la disposición adicional de la ley de Presupuestos del año pasado, que recoge la adecuación salarial de estos trabajadores a las nuevas funciones que se les han ido encomendando.
Así, aclara que "para corregir el desajuste tan grande que había entre nuestro salario y las funciones y la responsabilidad asumida, la disposición adicional 157 obligaba a la adecuación salarial, pero este compromiso no se ha visto cumplido satisfactoriamente".
Consultado por las nuevas labores asumidas, detalla que a raíz de las últimas modificaciones legislativas "somos los directores de la oficina judicial y entre las funciones que se nos han encomendado se encuentran las admisiones de las demandas y el trámite de ejecución de las sentencias".
Por otra parte, acerca del incremento salarial que están reclamando, señala que "entendemos que nuestro salario tiene que equipararse al resto de los salarios de los grupos A.1 de la Administración de Justicia, los de jueces, fiscales y forenses".
La huelga del próximo 26 de enero podría tener un impacto considerable en la actividad judicial, teniendo en cuenta que "en casi todas las actuaciones es necesaria la presencia del letrado", recuerda el portavoz de la UPSJ. De este modo, los ciudadanos que acudan a las sedes judiciales podrían encontrar, por ejemplo, que sus juicios han sido suspendidos.
No obstante, el colectivo está negociando con el Ministerio de Justicia y "tenemos confianza en que puede resolver el conflicto", destaca Aguilar. "La respuesta válida sería un compromiso por escrito que permita materializar en hechos las palabras del Ministerio, que en cierta forma entiende la situación, lo que pasa es que lleva entendiéndola 11 años", lamenta el portavoz de la UPSJ.
