Si el pleno tuvo una media de espectadores en el canal de Youtube de la Televisión Municipal de 15 personas, el Ave María rezado en el salón de plenos por la portavoz de Vox, Paula Badanelli, reventó todos los contadores de audiencia. Si su intención era ése, objetivo cumplido. Si en el pleno se abordaron temas de ciudad como los aparcamientos de Lepanto, la suciedad en Ciudad Jardín, la situación de Las Palmeras, el avance de la obra del Centro de Convenciones (que estará, al parecer en febrero), el entoldado del puente de San Rafael o la puesta en marcha de huertos urbanos (no en vano se emplearon dos horas, dos, en el turno de ruegos y preguntas), todo, todo, todo quedó eclipsado con el arrobo contemplativo de la edil de Vox que lo dijo con estas palabras (sic): «Se reza donde a uno le da la gana y por lo que a uno le da la gana. Es más voy a acabar mi intervención rezando un Ave María por las personas que están cerrando en estos momentos en la puerta de los abortorios y para que Dios ayude a las mujeres que tienen en mente en este momento abortar», afirmó.

La portavoz de Vox reza contra el aborto en el Pleno de Córdoba

El estallido de fe tuvo lugar durante el debate de una moción presentada por Izquierda Unida y Podemos que perseguía condenar el acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo y eliminar las subvenciones municipales a entidades provida como Adevida (cuya portavoz defendió su labor asistencial a mujeres sin recursos) o Red Madre, pero que terminó discurriendo por los caminos de un previsible e irreconciliable debate sobre el aborto con las consabidas posturas de los partidos políticos. 

La propuesta también llegaba al pleno a raíz de la campaña antiabortista puesta en marcha a las puertas de una clínica privada de Córdoba, donde activistas religiosos se reunirán unos días para rezar, y al calor del debate en el Congreso de los Diputados que ha dado luz verde a una ley para condenar ese tipo de prácticas al considerarlas «un hostigamiento» a las mujeres. 

En Córdoba, sin embargo, los votos de la derecha dieron la vuelta a la tortilla y lo que finalmente salió aprobado fue pedir al Gobierno central y a la Junta que incremente las ayudas a las entidades sociales antiabortistas y que vele por los derechos y libertades de quienes acuden a las clínicas a rezar, derecho que a juicio de PP, Cs y Vox debe prevalecer por encima del derecho a la intimidad de quienes acuden a dichos centros. Quienes rezan acuden, explicó Badanelli, a «dar amor y apoyo» a las mujeres. «Si quieren rezar por ellas, recen, pero en sus casas y en sus iglesias», respondió Cristina Pedrajas (Podemos), mientras que Alba Doblas (IU) y Carmen González se esforzaban en recordar que el aborto es un derecho regulado en España desde el año 85. La formación naranja, que en el Congreso de los Diputados votó a favor de la condena a esos rezos, en Córdoba lo rechazó. «Si hay hostigamiento, deben denunciar», propuso Isabel Albás (Cs), mientras para Eva Contador (PP) preguntó cómo se podía llamar manipulación «a que alguien informe del aborto». 

No es de extrañar que en un pleno tan místico de casi 7 horas se oyera gritar «¡aleluya!» cuando concluyó.

El Pleno de septiembre, el primero del curso político en Córdoba, partía con tres informes de advertencia de ilegalidad que evacuó el secretario municipal, Valeriano Lavela, sobre otras tantas mociones (aborto, interinos y multas del confinamiento), y con una parte resolutiva escueta, donde lo más significativo fue que la reforma del salón de plenos va a salir al final un poco más cara de lo previsto (costará 532.493 euros y no 338.728 euros). Los concejales volvieron a sus bancadas (menos Maribel Baena que por enfermedad presenció la sesión de modo telemático), pero no corrieron la misma suerte los ciudadanos, que siguen teniendo la entrada restringida. Así, la concentración de los interinos se celebró en la puerta del Ayuntamiento. 

Entre las mociones que pueden tener una inmediata repercusión en la vida ciudadana destaca la que afecta a los opositores y la oferta pública de empleo. El Ayuntamiento de Córdoba paralizará, si los informes jurídicos lo avalan, los procesos de selección de personal convocados después del 8 de julio, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

Apunte, presidente, Córdoba pide

La Corporación local trató ayer varias propuestas que se escapan del ámbito local, pero están en mayor o menor medida en el debate del país: a la cabeza, el precio de la luz, en máximos históricos; seguido de la concesión de fondos europeos para la recuperación económica; la ocupación ilegal --fue la quinta vez que se aborda esta moción, la segunda vez en este mandato--, o la anulación de las multas impuestas durante el primer estado de alarma, después de que este fuera declarado ilegal.  

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones se aprobaron por unanimidad las dos mociones que proponía el PSOE: una sobre los fondos europeos en la que se pide al gobierno local agilidad para presentar proyectos y no perder ese tren; y otra para que la Junta de Andalucía mejore la financiación de los centros de personas con discapacidad. La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, solo habló ayer en el extenso turno de ruegos y preguntas (preguntó por el Plan de Palmeras), y hubo ocasión de escuchar a Carmen Campos, aspirante a la secretaría provincial del PSOE. 

Los concejales de PSOE, IU y Podemos, en el pleno de ayer. FRANCISCO GONZÁLEZ

Se produjo, por otro lado, la primera comparecencia de Mercedes Muñoz, concejal de Podemos, que intervino en la moción de las ocupaciones ilegales, que salió adelante con los votos de PP, Cs y Vox. En ella piden al presidente, Pedro Sánchez, que garantice el derecho a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal. 

El alcalde, José María Bellido, y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás. FRANCISCO GONZÁLEZ

Además, al jefe del Ejecutivo, el Pleno de Córdoba le pide medidas contra la subida del precio de la energía eléctrica, por las nubes desde hace meses. Esta moción tampoco la apoyaron los partidos que forman parte del Gobierno de Madrid (PSOE, Podemos e IU) por más que todos reconocieron que el pago de la factura es insostenible. La izquierda solo vio oportunidad y demagogia en la propuesta, y la izquierda de la izquierda, la ocasión para endiñarles al PSOE y al PP. «Solo nosotros tenemos autoridad moral para hablar de esto», dijo Pedro García (IU) con las fotografías en la mano de los dos expresidentes y 60 exministros sentados en los consejos de administración de las eléctricas. Por contra, PP, Cs y Vox afearon la pauperización de las clases medias y el descalabro para autónomos y pequeñas empresas que está suponiendo el recibo de la luz.  

Los señores capitulares se atrevieron incluso con un debate en que ni los juristas han logrado ponerse de acuerdo (el mismo secretario dijo en su informe que no era posible aprobar lo que planteaba la moción): esto es, ¿deben anularse las multas de la Policía Local impuestas durante el confinamiento después de que el primer estado de alarma haya sido declarado por el TC ilegal? Salió que sí (votaron a favor PP, Cs y Vox), mientras que PSOE, IU y Podemos acusaban a la bancada de enfrente de demagogia y se volvía a hablar de si fue necesario o no decretar el confinamiento. El broche de oro lo puso el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, a l recordar que la Policía Local solo denuncia los hechos y eleva el expediente al órgano correspondiente (Estado o Junta) por lo que no son los que multan, de ahí que tuviera que modificarse la propuesta original de Vox que pedía al Ayuntamiento la eliminación de las sanciones.