Parte de los terrenos de La Rinconada deberán revertir a sus propietarios al no haberse urbanizado el polígono industrial proyectado allí por Junta y Ayuntamiento hace más de quince años. El juzgado de instrucción número 2 de Córdoba ha dictado una sentencia con la que falla a favor de la resolución del contrato de compraventa firmado entre las dos administraciones y uno de los propietarios de los terrenos ubicados cerca de la autovía, a la altura de Los Cansinos, al que da la razón, aunque le obliga a pagar 190.000 euros por los gastos generados hasta ahora, cantidad mucho más baja de la que le reclamaba la Junta, que solicitaba 800.000 euros.
La demanda, que abarca a 206.909 metros cuadrados, fue interpuesta por la familia López Crespo y por sus empresas Promasta y Prolode Rinconada contra la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA) -antes EPSA- y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba (que absorbió las competencias de Procórdoba). Según explica el abogado Javier Giménez, el convenio fue firmado en el 2005 y se elevó a público como contrato de compraventa en el 2009, que es cuando se anunció que se iba a ejecutar el parque industrial, que quedó parado con la crisis económica anterior.
Urbanismo, EPSA y Procórdoba firmaron un convenio en el 2005 para promover el parque industrial La Rinconada. Urbanismo se comprometió a promover la innovación del PGOU, y EPSA y Procórdoba, a impulsar el planeamiento hasta su urbanización. Ese mismo día se firmaron los convenios para formalizar las permutas con los propietarios mayoritarios (las familias López Crespo y Martínez Sagrera). La innovación se llevó a cabo, se aprobó el plan parcial, así como el proyecto de urbanización, pero no el de reparcelación. Mediante el convenio firmado con los demandantes, Procórdoba asumía el 8% de los costes totales; EPSA, el 72%; y la familia López Crespo, el 20%. Hasta que llegara la urbanización las fincas podían usarse para su explotación agrícola.
Con el convenio del 2005, EPSA y Procórdoba urbanizaban y daban a los propietarios privados el 25% de las parcelas preparadas para vender. EPSA se quedaba con el 54%, Procórdoba con el 6% y los propietarios privados con el 40%. Tras la sentencia, la familia López Crespo pasa de tener un 11% en la junta de compensación a un 25%, aunque la mayoría de los terrenos siguen siendo de Junta y Ayuntamiento.
Según el letrado, en el 2013 debían estar las obras, que no llegaron a iniciarse y, tras un tiempo de espera, en el 2015, sus clientes demandaron la resolución del contrato. Después, añade, en el 2017, y tras dar otro margen de tiempo, interpusieron la demanda, paso que la propia AVRA les aconsejó. A pesar de la sentencia, que se puede recurrir, los propietarios de los terrenos siguen mostrándose dispuestos a negociar con las administraciones en relación a estos terrenos, que, por otro lado, están incluidos en el dosier elaborado por Urbanismo y presentado al Ministerio de Defensa para acoger la base logística militar. Aunque los terrenos que se barajan para el proyecto son los de El Higuerón, estos aparecen como complementarios.
La sentencia, de la que tomará conocimiento el miércoles el consejo rector de Urbanismo, recuerda, según indica el informe de la Asesoría Jurídica, que el plazo máximo para acabar la urbanización era de ocho años desde la firma del convenio y que el que no se hayan ejecutado las obras "ha frustrado las legítimas expectativas que tenían los compradores". En su informe, Urbanismo señala que "hay que reconfigurar el proyecto de reparcelación para que los demandantes asuman el coste que les corresponde dentro de la junta de compensación". En el caso de Urbanismo, el organismo municipal no solicitó la devolución de lo invertido, como sí hizo AVRA, pero, según el informe de la Asesoría Jurídica, va a analizar las cantidades para hacerlo. El fallo judicial condena a las dos administraciones a pagar las costas.
