La Junta acepta la gratuidad de gafas si el Gobierno central transfiere los recursos

El Gobierno andaluz ha expresado este martes su conformidad con la propuesta de gratuidad de gafas para los menores y adultos según su renta, a iniciativa del grupo parlamentario Adelante Andalucía, aunque ha vinculado su aplicación a que el sistema nacional de salud transfiera los recursos plurianuales para poder afrontar la medida.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado su posicionamiento favorable a la proposición de ley de este grupo ya registrada en el Parlamento andaluz y que tendrá ser debatida y aprobada también en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa plantea gafas y lentillas gratis para todos los menores de edad y para los adultos según su nivel de renta, que se será determinado durante su tramitación

A falta de concretar el montante económico que acompañará a la medida y que será a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, Adelante Andalucía calcula que un millón de andaluces tiene problemas económicos para poder costearse las gafas y que el 20 % de los que las utilizan no de las cambia en cinco años.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha indicado en rueda de prensa que la Junta está a favor de esta nueva prestación por parte del sistema nacional de salud siempre que se transfieran los recursos plurianuales necesarios a las comunidades autónomas para poder afrontarlo.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha celebrado el posicionamiento favorable del Consejo Gobierno y ha considerado que se trata de una buena noticia y ahora espera que se tramite y vaya al Parlamento de Andalucía cuanto antes" para que se pueda poner en marcha la propuesta.

"Es urgente que os productos ópticos estén dentro del sistema de seguridad social y por fin se considere el derecho a la visión con un derecho dentro del sistema de salud y no un privilegio. Hoy estamos más cerca de que sea así", ha añadido el portavoz.

La formación ha situado el coste en una horquilla entre los 50 y los 90 millones de euros anuales, en el caso de esta última cifra si la cobertura incluye a las personas en riesgo de exclusión social.