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El juicio al ‘chófer de la coca’ abre un nuevo ciclo de los ERE

Le piden 1,5 millones de indemnización y una pena de 14 años de cárcel

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. / Europa Press

Efe

La Audiencia de Sevilla retoma este lunes el caso de los ERE con cuatro juicios programados en enero, entre ellos el de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que reconoció el gasto en cocaína con el dinero público que recibió de su jefe. La sección primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 8, 9, 10, 11 y 18 de enero el juicio por prevaricación y malversación contra el chófer del ex director general de Trabajo de la Junta, una de las piezas separadas del caso ERE.

El caso se retoma tras la suspensión del juicio al conocido como el chófer de la coca en el mes de septiembre de 2022 por la renuncia del abogado de una empresa implicada en el caso. El proceso judicial que atraviesa Juan Francisco Trujillo lleva desde 2017 a la espera de un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla y ha pasado por cuatro jueces: dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta.

Las declaraciones de Trujillo llegaron tras destapar el conocido como «fondo de reptiles», que contenía 647 millones de euros repartidos de manera «arbitraria», según Guerrero, y destinado a empresas sin seguir el procedimiento legal. El chófer admitió ante los investigadores del caso que utilizó parte de los 900.000 euros que le otorgó su jefe para comprar cocaína. Precisó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína, y también que dedicó dinero a copas y a comprar fincas, un piso y regalos.

De igual forma, reveló haber hecho alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el ex director general de Trabajo, fallecido en 2020. La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.

En el banquillo de los acusados se sentará también por los mismos hechos Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, para el que se solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación.