El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió ayer diligencias previas contra cuatro parlamentarios andaluces aforados porque "no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución" a todos ellos de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el auto de apertura de diligencias, al que ha tenido acceso Efe, el TSJA señala que esa atribución a los parlamentarios socialistas Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Antonio Avila y Francisco Vallejo se deriva de la exposición razonada que les remitió la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
El TSJA destaca que los cuatro fueron cargos públicos de la Junta y participaron "en un nivel u otro, en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas y excesivas sobrecomisiones a intermediarios". Esas ayudas, "por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", concluye el TSJA.
Por ello, acuerda abrir las diligencias "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones" que han recibido de la jueza y de nuevas diligencias que puedan practicarse en la sede del TSJA. De esta forma, el TSJA resuelve la decisión de abrir diligencias o de archivar la causa en el caso de que resultara "palmario que los hechos expuestos carecen de relevancia penal o que los indicios sobre la participación de los señalados fuesen manifiestamente insuficientes".
El alto tribunal se ha declarado competente para la investigación de las cuatro aforados en contra del criterio de la Fiscalía Superior y ha designado como instructor de la causa a Miguel Pasquau, único titular actualmente en plantilla de la Sala Civil y Penal.
PETICION DEL FISCAL La Fiscalía había solicitado, en un escrito del 26 de febrero y hecho público ayer, que el TSJA se declarara incompetente dado el hecho notorio de la imposibilidad de concluir la instrucción antes de que los cuatro aforados perdieran su condición de aforados en abril, cuando se constituirá el nuevo Parlamento andaluz. El fiscal superior solicitó que la causa se devolviera a la jueza Mercedes Alaya respecto a los aforados, que forman parte de la Diputación Permanente.
Sin embargo, el TSJA entiende que debe declararse provisionalmente competente por cuanto "las acusaciones y los aforados señalados en la exposición razonada no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia que resulte útil para la investigación".
