La tendencia en Córdoba ha cambiado. Si hace dos o tres años la mayoría de lanzamientos practicados en la provincia tenían lugar en viviendas en propiedad, tras una ejecución hipotecaria, en el primer trimestre del año y según los datos publicados en el último resumen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estos casos se han reducido en un 15,9% mientras los derivados de la ley de arrendamientos (viviendas de alquiler) han aumentado un 40,3%, equiparándose así en número los lanzamientos de una y otra vía, en torno a un centenar en tres meses.

Y es que, según el portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Rafael Carmona, muchas de las familias que en su día fueron desahuciadas de sus viviendas se vieron abocadas a alquilar, derivando ahora la situación, ante la falta de recursos sostenida y la incapacidad de hacer frente a los pagos, en el desalojo también de estas viviendas. En muchos casos, se trata por tanto, de familias que han perdido su hogar dos veces (algunas más de dos) y que, en los casos más dramáticos, siguen arrastrando la deuda con el banco del inmueble que ahora es propiedad del banco. Los que consiguieron resistir en su día y no perdieron la vivienda en propiedad inmediatamente, viven ahora, al menos temporalmente, sin la presión del desalojo, ya que muchas de las ejecuciones hipotecarias se han paralizado en los juzgados tras las reclamaciones realizadas ante Bruselas por parte de la plataforma Stop Desahucios o las apelaciones a la nulidad del proceso por la existencia de cláusulas abusivas. Estos casos estancados están consiguiendo ahora mayor fuerza para negociar con los bancos salidas alternativas como alquileres sociales, reestructuración de la deuda o daciones en pago que consiguen, como fin último, que las familias no tengan que abandonar sus viviendas.

En los últimos dos años, casi 800 familias cordobesas han conseguido negociar una fórmula alternativa al desalojo, gracias a la mediación de la plataforma Stop Desahucios y a la intervención de la Junta a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

La situación de los lanzamientos en Córdoba no es aislada, pero sí contrasta con los datos de otras provincias o con la media nacional, que va en un sentido distinto. El número de lanzamientos practicados en Córdoba (tanto por ejecución hipotecaria como por alquiler) ha aumentado un 6,1% en el primer trimestre del 2014 mientras en Almería creció un 13%, un 22,4% en Málaga o un 6,1% en Cádiz. Por contra, en el resto de Andalucía los desalojos se han frenado o incluso han caído en picado. Es el caso de Granada (-23,8%), Sevilla (-9,6%) o Jaén (-6,3%). La media nacional refleja un descenso medio del 5% en el número total de lanzamientos practicados entre enero y marzo.

En cuanto a los alquileres que acaban en desahucio, los datos del CGPJ muestran cómo mientras en Córdoba aumentan un 40,3%, en Huelva descienden un 44,8%, en Granada un 28,8%, en Málaga un 11% y en Sevilla un 29,9%. Cádiz, Almería y Jaén siguen la tendencia de Córdoba, pero menos acusada, con ascensos del 3,8%, 22% o 28% respectivamente. En España, la media dista mucho de la de Córdoba, con una caída del 11%.

Stop Desahucios prepara estos días un encuentro transnacional sobre la resistencia civil a los desahucios en Córdoba que tendrá lugar en octubre.