Los ciudadanos de Rasquera (Tarragona) decidirán en referéndum vinculante el martes 10 abril si aceptan el proyecto que aprobó el pleno del consistorio el 29 de febrero, con el que cedía siete hectáreas a la Asociación Barcelonesa de Autoconsumo (ABCDA) para el cultivo marihuana.
Según un comunicado del ayuntamiento, el proyecto saldrá adelante "con un mínimo del 75% de la totalidad de los votos" y en la papeleta sólo habrá dos respuestas a la pregunta --'sí' o 'no'--; en el caso de que el resultado sea negativo, se anulará la decisión del consistorio.
Además entre el 15 y el 17 de marzo, se celebrará una "ágora cannábica" en la que los líderes de la iniciativa explicarán con detalle el proyecto y resolverán las dudas de los vecinos de Rasquera, y a partir de esta reunión, redactarán un informe con posibles mejoras.
El texto afirma que el producto que se obtenga de la plantación "no tendrá ningún objeto de comercialización, sino que estará destinado al autoconsumo de los asociados a la entidad que regulará las cantidades subministradas" y que se responsabilizará de la actividad como ya lo hace en otros cultivos en Catalunya.
Asimismo, recuerda que la Fiscalía del TSJC avaló la legalidad de esta asociación en junio de 2010 que, en cuyos estatutos consta que las actividades de cultivo de cannabis se sitúan en el ámbito privado para el consumo de sus socios --mayores de 21 años--, señala el comunicado.
"Rasquera será conocida por defender la Transparencia y acabar con la hipocresía de muchos políticos que defienden intereses personales y partidistas y no los generales", critica el comunicado.
40 empleos
También han avanzado que el alcalde, Bernat Pellissa (ERC), pedirá una reunión con la fiscal jefe del TSJC, Teresa Compte, y con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, "para poner en conocimiento una serie de hechos muy graves" que no han querido concretar.
Con este proyecto, el Ayuntamiento de Rasquera, que defiende la "plena viabilidad jurídica" de la plantación, prevé crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en dos años --a partir de este julio--, según informó la ABCDA en un comunicado.
Sin embargo, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, aseguró que no veía la "solución" para la reactivación económica y salir de la crisis aprobar en este proyecto, y la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, ya avanzó que solicitaría toda la documentación.
La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias informativas sobre el acuerdo del pleno y, cuando haya accedido a todos los datos propiciará la decisión oportuna.
