El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) introducirá un cambio normativo por el que los nuevos permisos de explotación que se concedan a las plantas nucleares españolas ya no tengan ningún límite temporal. Hasta ahora solo se podían conceder por un máximo de diez años, pasados los cuales debían volver a pedir la renovación. Cuando esté lista la nueva guía de seguridad 1.10, podrían funcionar hasta los 60 o 80 años sin más trámite que someterse a una revisión general cada diez años.
El cambio abre la puerta al alargamiento sine die del funcionamiento de unas centrales cuya vida útil al construirse era de tan solo 40 años, pero sobre todo sirve para blindar económicamente a sus propietarios. Desde el punto de vista de la seguridad, las revisiones cada diez años podrían ser suficientes o al menos así lo argumentan desde el organismo regulador, pero desde el punto de vista legal la cosa cambia. Y mucho. Las centrales que dispusieran de los nuevos permisos estarían en condiciones de exigir indemnizaciones multimillonarias en caso de que prosperaran las iniciativas parlamentarias de cierre escalonado del parque nuclear similar al que se lleva a cabo en Alemania.
El informe positivo a la petición de reapertura de Garoña ha sido el primer caso en que se ha concedido la renovación sin límite temporal. Aunque aún no está aprobada la nueva guía, el documento aprobado el miércoles no pone ningún fecha final a la nueva explotación. El operador pidió alargar la vida hasta los 60 años, que se cumplirán en el 2031, pero el CSN no pone límite temporal y se limita a pasar la pelota al Ministerio de Energía, que podría dar también una autorización sine die.
Esa fue precisamente una de las razones por las que Cristina Narbona, consejera nombrada por el PSOE y exministra de Medio Ambiente, votó en contra del dictamen. «Es un incumplimiento de la actual guía de seguridad, en la que las renovaciones solo pueden otorgarse por periodos de diez años», dijo en la rueda de prensa posterior a la votación.
El borrador de la nueva guía de seguridad que incluye el cambio normativo fue aprobado inicialmente en el pleno del pasado noviembre por cuatro votos a favor y la abstención de Narbona. Según el acta de la reunión, la exministra criticó que se quiera romper «una buena práctica bien consolidada en España en materia de seguridad nuclear, sin que exista ningún argumento técnico que así lo recomiende» y «en contra de las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)».
La consejera también criticó que el cambio obedezca tan solo a una petición de las eléctricas, en concreto de Unesa, la patronal del sector, «en una reunión, de carácter informal con el CSN». Narbona pidió que se paralice la reforma y la autorización a Garoña hasta que no se abra un debate con expertos sobre la ampliación de la vida de las nucleares.
