Casi un millón de euros le cuesta al Barça la actividad judicial, una suerte de competición extradeportiva en la que atiende varios frentes que le afectan directamente. Josep Maria Bartomeu parece decidido a cortar esta sangría, convencido de la idea, transmitida por varios abogados, de que un mal pacto es mejor que un buen juicio. Las victorias en el juzgado reportan pocas alegrías y nunca compensan la erosión que sufre la entidad. Bartomeu arrastra las consecuencias de la intervención de sus predecesores porque la sucesión de recursos y apelaciones alarga cada litigio muchos años. «Lo peor es que se ensucia la imagen del club», dijo Johan Cruyff, que ya ha avisado que la reconciliación no será completa con juicios de por medio. En particular, el que afecta a la anterior junta.

Son tantos esos partidos que se juegan en los tribunales, y tan distintos los planteamientos que exige cada uno, que el Barça ha contratado a siete despachos de abogados. Uno de ellos en Suiza, donde el club intenta revocar la prohibición de fichar en dos mercados. Pero el mayor problema está en casa, en la propensión de los culés por enzarzarse en pugnas intestinas.

LOS AVALES / LA PERSISTENCIA DE UN SOCIO

Pla exige que Laporta y 7 exdirectivos avalen 2,9 millones del 2006

Hace ocho años, un desconocido socio llamado Vicenç Pla Cibrian presentó una denuncia en el Juzgado 24 de Barcelona pidiendo la nulidad de la toma de posesión de la segunda directiva de Joan Laporta, la convocatoria de elecciones y que los 16 dirigentes que acompañaban al presidente en el 2006 presentaran un aval de 23.242.810 millones.

Ocho años han pasado y el caso sigue sin estar cerrado, aunque el juez, tras una sentencia absolutoria, un recurso de Pla, una apelación del club y la intervención del Tribunal Supremo, decidiera ejecutar el fallo definitivo el pasado 10 de octubre: reclamar a ocho directivos - Laporta, Godall, Ferrer, Cubells, Boix, Perrín, Castro y Yuste, los que continuaron entre el 2006 y el 2010- un aval individual de 2,9 millones (y las costas). Tienen dos meses para presentarlo.

Paciente, asesorado por especialistas y sin limitaciones económicas para sufragar el gasto judicial, Pla ha mantenida viva la llama de su pretensión. Los ocho denunciados no están en el club pero no se libran de la condena. El Barça les defendió hasta el 2010, cuando entraron Sandro Rosell y su junta. «Que pague Guardiola si son tan amigos», dijo Pla cuando el entonces entrenador intercedió en favor de los exdirectivos. En el 2011 accedió a parar momentáneamente la ejecución a través de personas ligadas a la junta de Rosell y luego rectificó. Los afectados solo tendrán que pagar si salen condenados en la acción social. Que también podrían recurrir si les fuera adversa.

ACCIÓN SOCIAL /PROCEDIMIENTO HISTÓRICO

Sentencia inminente en un caso que creará jurisprudencia

Laporta, Godall, Ferrer, Cubells, Boix, Perrín, Castro y Yuste están involucrados en la acción de responsabilidad social que promovió Rosell contra ellos con la aprobación de la asamblea de compromisarios. En el simbólico banquillo se sientan también Xavier Sala-Martín, Magda Oranich, Jacint Borràs, Maria Helena Fort, Xavier Bagués, Josep Ignasi Colomer, Patrick Auset, Jordi Torrent y Josep Ignasi Macià. El Barça (defendido por el prestigioso bufete Cuatrecasas) reclama 47,6 millones (2,8 millones por cabeza), que supuestamente dejaron como pérdidas al salir del club en el 2010. Supuestamente porque las cuentas no están claras, sino sujetas a interpretaciones según el procedimiento contable que se siga.

Pero la interpretación definitiva será la que haga el juez José Manuel Martínez Borrego en su sentencia, que será histórica porque la acción de responsabilidad es la primera que se ha presentado en una entidad deportiva. Rosell, Bartomeu y Faus acudieron a declarar; no así los exdirigentes. El magistrado pensaba ajustarse al plazo de 20 días hábiles para emitirla. Se cumplirán el próximo lunes.

Si falla en contra de los demandados, que podrán recurrir a una instancia superior, los primeros 24 millones los pagará la aseguradora Zurich y los restantes se repartirán entre los 17 demandados. Los 8 que han sido instados a presentar un aval cubrirán con ese documento la parte que les toque, no pagarán por duplicado.

FICHAJE POLÉMICO / EL COSTE DE NEYMAR

Cases se retira pero el juez y el fiscal siguen con el caso abierto

En contraste con la larga persistencia de Pla, Jordi Cases ha frenado la batalla judicial antes de que se haya cumplido siquiera un año desde que demandara a Rosell por un presunto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción del dinero al fichar a Neymar. A Pla nadie le ha convencido de dejar ese frente durante años; a Cases le ha convencido Bartomeu con sus explicaciones, según expuso en la carta que hizo pública anteayer, y el contenido de las investigaciones realizadas por la justicia.

Cases, y detrás suyo la opinión pública, ha tenido una información más detallada del coste real de Neymar. Supuestamente despechado por el desprecio del club al pedir información sobre los 57,1 millones de la operación (y el concepto de los 40 millones entregados a la sociedad N&N), acudió a la Audiencia Nacional. En cuestión de horas, en Madrid empezaron a trascender datos. El juez Pablo Ruz se puso manos a la obra, igual que el fiscal José Perals, que mantendrán viva la causa (contra el club y contra Rosell, ya que Faus y Bartomeu han quedado eximidos) pese a la retirada del socio que la impulsó. La razón es que durante las diligencias se ha detectado un posible delito de fraude fiscal del Barça por no haber declarado algunas cantidades en los diferentes contratos firmados vinculados a la operación.

El club adelantó una provisión de fondos de 8,8 millones. Juez y fiscal esperan un informe de Hacienda para cerrar la investigación.