El Gobierno envió ayer por la mañana un borrador a la Junta con su propuesta del nuevo reparto de competencias sobre el Guadalquivir. El Ejecutivo andaluz no pudo aventurar si está conforme con las condiciones de ese borrador, que reducen el nivel competencial de la Junta sobre la cuenca del río. "Hay que analizarlo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, pero no nos han dejado mucho tiempo para pensarlo", explicaron ayer fuentes del Gobierno andaluz.
En efecto, la incertidumbre ayer tarde sobre la solución definitiva para el Guadalquivir aún era muy grande, tanto más si se tiene en cuenta que el plazo de la encomienda de gestión transitoria (tras la última prórroga de dos semanas) expira mañana. Al cierre de esta edición aún se desconocía si había acuerdo. Si hoy no se convoca la comisión bilateral Junta-Estado para cerrar el pacto, automáticamente el Estado podría recuperar todas las competencias sobre el Guadalquivir (otra prórroga de la encomienda es "inviable").
Llegar a ese extremo supone reconocer que en seis meses y dos semanas ha sido materialmente imposible que dos gobiernos del mismo signo político se entiendan. Sería un hecho insólito, si se tiene en cuenta que uno de los que negocia en nombre del Gobierno central es el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a la sazón, el presidente andaluz que abanderó el traspaso de las competencias del Guadalquivir en la reforma del Estatuto.
Andalucía se atribuyó las competencias exclusivas sobre la cuenca en el Estatuto, y las perdió dos años después cuando el Tribunal Constitucional (TC) anuló esa exclusividad, alegando que se rompía la unidad de la cuenca. Las políticas del agua que desarrolló Andalucía en los dos años siguientes a la aprobación del Estatuto quedaron en el aire.
