El 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), la empresa estatal que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos «detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre del 2017». Fiscal explicó que «como Gobierno andaluz queremos saber exactamente si hay alguna actuación que se salga de lo excepcional, de la que sí somos recurrentemente informados» por parte del Ejecutivo central, y tener una garantía «por escrito» de que los restos que se trasladen no sean «potencialmente peligrosos para la población».
El pasado 18 de noviembre miembros de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y Ganemos participaron en un encuentro reivindicativo en Peñarroya-Pueblonuevo, en el que se creó una plataforma para visualizar la oposición a la «posible ampliación» de la instalación, ubicada en el término municipal de Hornachuelos.
