Hacemos Córdoba pide al alcalde que aplique una moratoria en las nuevas licencias de pisos turísticos

El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde de la ciudad una moratoria en la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas hasta que se regule la ordenanza, tal y como el alcalde prometió hace unos días. Desde la coalición de izquierdas se considera que, cada día más, el casco histórico de la ciudad se está convirtiendo en un “parque temático, donde cada vez hay menos vecinos y vecinas”.

El impacto de las viviendas turísticas en el casco histórico es “cada vez mayor”, según lo demuestran los datos que baraja Hacemos Córdoba. De los 2.503 pisos turísticos en la provincia de Córdoba, el 80% se encuentran en la capital, de los cuales el 93% están ubicados en el casco histórico. Se estima que existen 1.862 viviendas turísticas en esta área, lo que, según la coalición, está "sobretensionando el derecho a la vivienda”. “Sólo en enero de 2024 en la ciudad de Córdoba 68 nuevos pisos turísticos”.

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Además, "más de 2 viviendas al mes se están convirtiendo en viviendas turísticas en Córdoba, lo que está provocando la expulsión de los residentes del casco histórico", denuncian. Hacemos Córdoba también advierte de que “este fenómeno está creciendo en otros barrios como Ciudad Jardín y el Campo de la Verdad".

Responsabilidad de la administración

La coalición de izquierdas considera que es hora de que el Ayuntamiento, con su alcalde al frente, ponga “pie en pared ante esta situación”, porque Córdoba es la segunda ciudad de Andalucía con menos oferta de alquiler, y se está viendo "un incremento del 18% en los precios del alquiler". Para Hacemos Córdoba es evidente que tanto el gobierno municipal como la Junta de Andalucía tienen una “clara responsabilidad y una gestión deficiente en este asunto".

Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, el grupo municipal ya denunció esta situación y planteó, entre otras cosas, una serie de medidas que incluían, entre otras, la necesidad de retomar el plan municipal de vivienda y adecuarlo a la nueva normativa, realizar un diagnóstico de las viviendas desocupadas en la capital y establecer un plan de acción para ellas, así como retomar la apertura de la oficina en defensa de la vivienda.