El supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía no fue tal porque «no hubo menoscabo de fondos públicos». Es la tesis que defendió ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante la comisión parlamentaria que investiga la responsabilidad política por las supuestas irregularidades en la adjudicación y justificación de esas ayudas. «Si los tribunales de justicia dicen otra cosa, cambiaré mi parecer», dijo Díaz, quien recordó que se han detectado «deficiencias» similares en estas ayudas en otras comunidades autónomas, e incluso en la convocatoria del propio Gobierno central. «No hubo menoscabo, aunque eso no significa que no hubiera deficiencias», insistió.
Nada más comenzar su intervención, Díaz apeló a que la propia ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, reconoció en el 2015 problemas en la concesión de estas ayudas de formación y la necesidad de reformar la norma. La presidenta andaluza achacó entonces todo el problema a la falta de personal para revisar los expedientes, que hubiera permitido que el proceso fuese aún más garantista, como defendió que es la convocatoria andaluza.
De hecho, subrayó que en otras comunidades autónomas se han realizado investigaciones policiales similares a la desarrollada en Andalucía, aunque en ninguna de ellas, matizó, se indaga el caso para depurar posibles responsabilidades políticas, como sí se está haciendo en la actualiad en Andalucía
TESIS DESMONTADA
El supuesto fraude de la formación se investiga en varios juzgados andaluces tras la denuncia de cursos que no se impartían, listados de alumnos falseados o empresas creadas para cobrar las ayudas y desaparecer a continuación. Sin embargo, Díaz, que cierra el turno de comparecencias en la comisión, puso el énfasis en que todos los técnicos e interventores que han declarado no han detectado menoscabo de fondos públicos ni se alertó en ese sentido. «Han desmontado la tesis de una conspiración para un gran fraude de 3.000 millones de euros» entre el año 2002 y el 2012, zanjó en su intervención.
De hecho, en este punto Díaz minimizó el caso cifrando en 90 millones el dinero reclamado en firme por la Junta de Andalucía por ayudas indebidamente justificadas (a los que se suman otros 50 millones de euros aún en fase de alegaciones). De esa cantidad, informó, ya se han recuperado al menos tres millones, un dato que por cierto no quiso desvelar el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que también declaró ayer ante la comisión.
EL MARIDO
A preguntas de los grupos, la presidenta andaluza dijo desconocer que el PSOE andaluz haya cobrado por alquilar sus sedes al sindicato UGT para impartir sus cursos. Pero el enfrentamiento más duro tuvo lugar cuando los diputados del Partido Popular insinuaron que el marido de la presidenta andaluza, José María Moriche, fue incluido de forma irregular en las justificaciones de cursos del sindicato, en el que trabajaba como auxiliar administrativo.
Según los populares, la central sindical tiene que devolver 12 millones de euros de los 14 concedidos en ayudas, precisamente por irregularidades en el apartado donde aparece la nómina del marido de la presidenta andaluza, de quien los populares aseguran que llegó a recibir 200.000 euros en este concepto.
«Tenga la gallardía y el valor de no insinuarlo y decirlo claro», retó entonces Susana Díaz a la parlamentaria popular Teresa Ruis Sillero. La presidenta llegó incluso a mostrar en la comisión las nóminas mensuales de su pareja, que oscilaban entre los 700 y los 1.200 euros, así como sus contratos y el certificado de su vida laboral. Y zanjó la discusión con la siguiente frase: «Me casé con un tieso, pues sí».
