Segunda decisión polémica del juez que investiga la catástrofe aérea de Barajas. El magistrado Juan Javier Pérez ordenó cesar la difusión del video del accidente cuando ya estaba en las webs de todo el mundo y ahora ha cerrado el grifo de las personaciones, acabando de un plumazo con el goteo de víctimas que acuden al juzgado con sus abogados y procuradores. A partir de ahora, tendrán que unirse a alguna de las 18 partes que ya están personadas como acusación particular. El veto impuesto por el juez ha levantado ampollas entre algunos familiares. El abogado de uno de ellos, Carlos Villacorta, ha llegado a calificarlo de "brutal e injustificado" en un recurso presentado el pasado martes.

El magistrado ha decidido que con 18 basta. En un auto dictado la pasada semana con el beneplácito de la fiscalía, Pérez rechaza la personación de cinco familias de víctimas con el argumento de que un excesivo número de partes dificultaría la investigación o, al menos, la retrasaría enormemente. Se da la circunstancia de que en la lista de postergados figura uno de los supervivientes que narró con mayor lucidez los detalles de la tragedia. Leandro Ortega, que así se llama el pasajero, se ha quedado fuera del juzgado de instrucción número 11 cuando apenas le ha dado tiempo a recuperarse de las heridas que le dejó el accidente. En los hospitales madrileños aún continúan ingresados cinco viajeros heridos que ya no podrán escoger a un abogado.

ARTICULO CONTROVERTIDO El magistrado ha basado su decisión en el artículo 113 de la ley de enjuiciamiento criminal, pese a que él mismo reconoce en el auto que ha sido puesto en entredicho muchas veces al entrar en colisión con el derecho de defensa y de libre elección de abogado. El Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la facultad que tiene el juez de "concentrar las representaciones" de los perjudicados se ajusta a la Carta Magna, pero siempre y cuando sus intereses sean "comunes y convergentes". En caso contrario, no podría obligarse a nadie a actuar con un abogado ajeno.

El juez considera "razonable" pensar que todos las víctimas del siniestro tienen los mismos intereses: "El esclarecimiento de las causas del accidente y la eventual exigencia de responsabilidades penales o civiles".

En consecuencia, les obliga a integrarse en otras acusaciones porque el número de estas "es lo suficientemente alto como para asegurar una pluralidad de pretensiones y estrategias procesales". No obstante, el magistrado les ofrece la posibilidad de poder agruparse y tener letrado común.

Carlos Villarcorta, del bufete madrileño Martín-Chico & Asociados, especializado en siniestros aéreos y que ya está personado en representación de una familia, ha recurrido el auto por entender que supone una "restricción brutal e injustificada" del derecho a la libre elección de la defensa.